Sí se puede defiende los intereses de la ciudadanía de Güímar en el caso de la plaza de El Socorro

Sí se puede defiende los intereses de la ciudadanía de Güímar en el caso de la plaza de El Socorro en el pleno extraordinario celebrado este miércoles en el Ayuntamiento de Güímar para decidir sobre la interposición de un procedimiento judicial para devolver la titularidad de la plaza de El Socorro a la corporación. Mientras, la alcaldesa, Carmen Luisa Castro, y los tres concejales del PP que la siguieron no optaron por esta medida.

La concejala del grupo ecosocialista Lourdes Galindo señala a Castro y sus seguidores por no defender la titularidad municipal de la plaza durante la sesión plenaria, al tiempo que califica de “impresentable” esta negligencia en la protección los bienes del Ayuntamiento frente a una usurpación por parte del Obispado de Tenerife.

Sí se puede recuerda que se trata de un bien de dominio público que el Obispado registró a su nombre al aprovechar el periodo de vigor de una ley del gobierno de Aznar que otorgó a la Iglesia poderes notariales. “Con esta herramienta, la Iglesia católica arrambló con todo lo que pudo en distintos lugares del Estado; de la misma manera que registraron a su nombre la catedral de Córdoba, hicieron lo mismo con la plaza de El Socorro”, explica Galindo.

Afortunadamente, la oposición municipal unida y un sector del grupo del PP –dividido por este motivo–, acordó dar instrucciones al Ayuntamiento para impulsar un procedimiento judicial para la recuperación de la plaza después de que las conversaciones con el Obispado no han concluido con la devolución de la propiedad a su legítimo dueño, el Ayuntamiento. Este mandato del pleno era necesario para proceder formalmente al restablecimiento de la titularidad municipal por vía judicial.

Al adoptar este acuerdo, la oposición rechazó también la propuesta del otro grupo que forma parte del gobierno, CC, de firmar un convenio de uso social con la entidad usurpadora, algo “totalmente innecesario dado que este uso ya viene determinado por décadas de práctica en ese mismo sentido”, apunta la concejala.

“El mejor agente para garantizar el uso público de este espacio es el Estado, en este caso, el Ayuntamiento –asegura Galindo–. Por si fuera poco, el Plan General de Ordenación (PGO) califica la plaza como espacio público, por lo que, de mantenerse el registro usurpador, la corporación tendría que expropiarlo. “No entendemos la avaricia del Obispado, porque nunca se han puesto pegas para su uso por su parte”, concluye Galindo.

El conflicto se remonta a 2014, cuando, tras una revisión catastral, el Ayuntamiento descubrió que la plaza no estaba registrada y, al iniciar los trámites, se le informó que el Obispado se había adelantado. El Ayuntamiento ha intentado recuperar ese bien mediante una negociación en la que ha presentado documentos y testimonios que avalan la propiedad municipal de este espacio. En cambio, el Obispado de Tenerife no cuenta con algo que pueda demostrar su derecho a ser titular de la plaza.