El Consejo Insular de Aguas sanciona al Ayuntamiento de El Sauzal por vertidos no autorizados

El CIATF asume los argumentos de la denuncia de Unidas Se Puede El Sauzal del pasado octubre

Con casi 3 meses de atraso y sin publicidad alguna, el Ayuntamiento de El Sauzal ha incluido en el último Pleno de la legislatura, celebrado ayer viernes, un decreto por el que asume la sanción económica impuesta por el Consejo Insular de Aguas (CIATF), y en el que asume su responsabilidad en la nefasta gestión del problema de los vertidos no autorizados de las Urbanizaciones La Primavera y La Baranda.

Las estaciones depuradoras de estas dos urbanizaciones, tal y como afirma el CIATF en el expediente sancionador 634-DENU La Baranda y 634-DENU La Primavera, “carecen de autorización administrativa para la depuración y vertido de aguas residuales […] imponiendo una sanción de 200 euros por cada una de ellas, total de 400 euros […] al constatarse que ambas carecen de la preceptiva autorización del Consejo Insular de Aguas”.

La concejala de Unidas Se Puede El Sauzal (USPES), Sonia Beltrán de Guevara, expresa su satisfacción al entender que “el CIATF no sólo nos ha dado la razón, sino que además ha obligado al Grupo de Gobiernos de Coalición Canaria a tomar cartas en un asunto que se venía arrastrando desde hace más de una década y que si no fuera por nuestra presión, continuaría provocando un atentado medioambiental en los barrancos del municipio y, lo que es más preocupante, en el Espacio Natural Protegido Costa de Acentejo”.

Además de la sanción económica, el CIATF exige información pormenorizadada de ambos depósitos de aguas residuales, así como fija un plazo de 3 meses para regularizar esta situación. En palabras de la concejala “estamos más cerca de solventar dos vertidos de aguas residuales que hasta ahora eran “tapados” por la administración, aunque de sobra conocidos por los vecinos. El Cabildo de Tenerife ya ha prometido una inversión superior a los 600.000€ y consideramos que sin nuestra denuncia, todo seguiría igual”.

“Aunque la satisfacción de nuestra confluencia municipalista es evidente”, recuerda Beltrán que “ya hemos recibido respuesta de la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural, en la que nos derivaban a otra administración, y ahora del CIATF. Pero seguimos esperando que la Fiscalía asuma nuestra denuncia y determine las responsabilidades penales de los vertidos ilegales que, sin ninguna explicación, se han prolongado tanto en el tiempo

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