Sí se puede pide el cese inmediato del presidente de la Autoridad Portuaria de Tenerife

Sí se puede pide el cese inmediato del presidente de la Autoridad Portuaria de Tenerife, Carlos González, por sus declaraciones sobre el puerto de Granadilla, en las que expresa su voluntad de continuar gastando dinero público en esta infraestructura fallida, que nunca debió haberse ejecutado. Carmela Díaz Vilela, portavoz de la organización ecosocialista, dice que “las declaraciones de Carlos González sobre el puerto de Granadilla son de una frivolidad inadmisible en el contexto de la grave crisis económica que estamos padeciendo”.

Sí se puede rechaza las afirmaciones de González sobre su apuesta por seguir realizando obras públicas por valor de más de 200 millones de euros, como la dársena portuaria, la vía de conexión TF-1 y la expropiación y obras de urbanización en la zona de reserva portuaria, que, como se sabe, es propiedad de un conocido empresario insular. “No podemos permitir esta inmoral ineptitud, llevamos años comprobando la inutilidad de unas obras que han representado un despilfarro de más de 400 millones de euros, y ahora, en medio de esta dura crisis, la Autoridad Portuaria apuesta por continuar dilapidando dinero público”, subraya la portavoz.

“Insistir en este plan de continuar invirtiendo en esta obra inútil es de una irresponsabilidad tan grave en el contexto de esta crisis, que el responsable debe ser sancionado con su cese inmediato”, destaca Díaz Vilela. “Es inadmisible que, cuando la grave situación por la que pasamos demanda compromisos firmes con la suerte de la ciudadanía ante una crisis gravísima, un empleado público esté pensando en destinar fondos públicos a atender los intereses de empresarios que no resuelven los problemas de la comunidad y que mantienen prácticas sospechosas, como mínimo”, apunta la portavoz.

En este sentido, la portavoz de Sí se puede recuerda que el juez Manuel García Castellón investiga en el juzgado número 6 de la Audiencia Nacional la adjudicación de las obras del dique de abrigo de este puerto dentro de la llamada Operación Lezo, sobre presuntas comisiones ilegales por la adjudicación de las obras.

A estas presuntas irregularidades habría que añadir el incumplimiento de la declaración de impacto ambiental del proyecto inicial de las obras, la descatalogación ilegal de una parte de la pradera de sebadal que quedaría sepultada con esta construcción y la falta de aprobación inicial del proyecto por el Ministerio de Fomento.

Además, “con crisis o sin crisis, las obras del puerto de Granadilla no se justifican de ninguna manera, como quedó demostrado suficientemente en los numerosos documentos elaborados a raíz de la movilización ciudadana contra este macroproyecto”, apunta Díaz Vilela. “El daño ambiental por la pérdida de importantes ecosistemas marinos y terrestres causado por estas obras no se compensa con los supuestos empleos anunciados y nunca vistos, con los que se pretendía ganar un apoyo social que nunca logró esta infraestructura”.

La portavoz de Sí se puede recalca que “quedó patente que el único objetivo de este puerto era generar beneficios para empresarios locales mediante la realización de las obras, dado que su uso y explotación se ha demostrado imposible, debido a las ventosas condiciones de la zona, que convierten el puerto en un espacio inhóspito, donde es muy difícil operar y permanecer atracado, lo que ha llevado al puerto a batir el récord de abandonos de clientes”, debido a una escasa operatividad de tan solo el 40% de los días del año. Por ello, concluye Díaz Vilela, “el puerto de Granadilla finalmente solo ha sido un capítulo muy significativo de la burbuja de infraestructuras característica de una época de desarrollismo, especulación y corrupción que no caben en la situación actual, donde prioritariamente deben ser atender las urgencias de la población y reconstruir nuestra sociedad y la comunidad sobre unas bases sólidas social, económica y ambientalmente”.