Tras la celebración en el día de ayer del pleno extraordinario del Cabildo de Tenerife para valorar la situación turística de la Isla, la coalición insular Sí Podemos Canarias (SPC) ha denunciado que dicha sesión plenaria únicamente atendía a los intereses privados del lobby hotelero, puesto que pretende ser el gran beneficiario de las medidas que se impulsen desde las administraciones públicas para seguir manteniendo a flote sus enormes beneficios en el sector turístico, tal y como han mostrado recientemente al expresar su satisfacción tras conocer que el Cabildo de Tenerife invertirá un millón de euros para financiar la realización de PCR a las personas que lleguen a la Isla.
El grupo insular cuestionó durante el pleno si el verdadero objetivo del debate es para buscar soluciones que beneficien a la ciudadanía de Tenerife, o si realmente lo único que se ha buscado con este pleno es satisfacer políticamente los intereses de la patronal hotelera, para intentar convencernos una vez más de que la única forma de salvar esta crisis económica en la Isla es a través de la patronal hotelera y del turismo de masas.
Con respecto al millón de euros que aportará el Cabildo de Tenerife para la realización de test PCR a las personas que vengan a visitar la Isla, SPC argumenta que nos parece bien que se quiera convertir Tenerife en un corredor seguro, pero no sea únicamente para las personas que vienen de fuera, sino que también lo sea para las que vivimos aquí.
En este sentido, el grupo insular ha afirmado que el dinero para la realización de dichas pruebas debería salir de la propia patronal hotelera, o a través del cobro de un impuesto de ecotasa turística, algo que venimos pidiendo desde hace mucho tiempo. No compartimos que la administración pública tenga que asumir este millón de euros que repercutirá en el beneficio del lobby hotelero y que será pan para hoy y hambre para mañana, puesto que se trata de un parche temporal y cortoplacista que no hará de Tenerife una tierra con las garantías sanitarias necesarias.
En esta línea, la coalición insular SPC ha recordado que nuestro grupo ya ha defendido en múltiples ocasiones la necesidad de contar, de una vez por todas, con los hospitales públicos del Norte y del Sur plenamente operativos y equipados para hacer de Tenerife, a medio y largo plazo, un destino mucho más seguro para todas las personas, y no solo para la gente que nos visita. Nos preguntamos cuánto aportaría a avanzar en la finalización de dichos hospitales el millón de euros que el Cabildo destinará ahora a la realización de test PCR a turistas.
La coalición insular también ha destacado la necesidad de proteger los puestos de trabajo en el sector turístico de la sangrante precariedad laboral que abunda en el sector, algo que se ha querido normalizar con el paso de los años y que como institución que representa a la ciudadanía tinerfeña y defiende sus intereses y bienestar, no podemos tolerar.
En este sentido, SPC ha recordado que, a día de hoy, como continúa denunciando la Plataforma Montaña Clara, se siguen produciendo múltiples desahucios en el Sur de la Isla ante el desinterés de las instituciones públicas y la clase política responsable, y una parte de las personas que están sufriendo estos desahucios son víctimas indirectas de la situación de precariedad laboral del modelo turístico que hemos tenido hasta ahora. No podemos estar hablando de gastar dinero público en ofrecer garantías sanitarias a las personas que vengan a visitarnos, incluso contemplando la opción de que puedan ser realojadas, pero que no estemos hablando de la posibilidad de realojar a las múltiples familias que ya están siendo desahuciadas a día de hoy en nuestra tierra.
SPC ha defendido un modelo alternativo de turismo sostenible para Tenerife, puesto que llevamos muchos años poniendo todos los huevos en la misma cesta y estamos viendo en estos momentos el gran riesgo que eso conlleva para nuestra economía. El grupo insular pide al grupo de Gobierno del Cabildo que no ceda ante las exigencias y presiones a las que somete continuamente el lobby hotelero a las administraciones públicas para lograr únicamente la protección de sus propios intereses y beneficios.