El grupo parlamentario de la coalición Sí Podemos Canarias en el Parlamento autonómico ha conseguido el respaldo de la cámara legislativa para solicitar al Gobierno del Estado que “inicie de forma urgente los trámites necesarios para la extinción de la deuda hipotecaria de las personas cuyas edificaciones residenciales fueron destruidas por el volcán” en los municipios palmeros de Los Llanos de Aridane, El Paso y Tazacorte
Así lo ha defendido Francisco Déniz, diputado regional de la coalición formada por Equo, Sí se puede y Podemos, al asegurar que “desaparecidos los bienes que son garantía de préstamo, es lógico que desaparezca también la deuda contraída. Ni se debe pagar por algo que no existe, por las circunstancias acaecidas, ni se puede ni se debe destinar el dinero de las ayudas del consorcio de compensación de seguros a pagar cuotas hipotecarias”.
“Creemos que el hecho de que los bancos condonen la deuda contraída e imposible de asumir, debe entenderse como una forma de devolver el dinero prestado por la ciudadanía y el erario público en los años malos en los que la banca tuvo que ser rescatada con dinero de todos. Ahora, los años malos los tenemos nosotros”, ha argumentado.
Déniz ha recordado que esta propuesta defendida por Sí Podemos Canarias se hace eco de una moción presentada por el concejal Felipe Ramos de IUC en Los Llanos de Aridane , “pues nos parece de una justicia clara lo que se solicita”.
“La condonación de la deuda supondría un gran alivio para los hipotecados y ayudaría a rebajar la incertidumbre, sobre todo cuando esa incertidumbre es sobre la vivienda, no sé para otros pueblos, pero para los canarios, la vivienda habitual es lo más sagrado que tenemos. No hay sino que ver dónde guardaos las escrituras los canarios. En la última gaveta del fondo, en el ropero de la habitación del fondo”, insistió Déniz desde la tribuna de oradores.
La coalición recuerda que según datos del Banco de España, hasta el día 30 de noviembre del año pasado, se habían recibido 2.682 solicitudes para esta moratoria de seis meses ampliable a otros seis, de las que se habían concedido 1.789, y que un 64% de los deudores beneficiarios correspondía a asalariados.
Respecto a los autónomos y empresas beneficiarias por la suspensión, en cuanto a actividad, la mayor parte correspondía a los sectores del comercio, la agricultura y la hostelería. Asimismo, la moratoria cubre la deuda derivada de préstamos y créditos sin garantía hipotecaria de los residentes en el conjunto de La Palma, tras ser declarada por el Consejo de Ministros del 28 de septiembre de 2021 como ‘Zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil’.
Por tanto, concluye Déniz que “de lo que se trata ahora es que el Gobierno de España, a través de una medida excepcional para una situación extraordinaria, permita la extinción de la deuda hipotecaria de las familias cuyas edificaciones fueron arrasadas por la lava”.