Sí se puede califica de brutalidad absoluta la reciente destrucción de un grabado rupestre en Fuerteventura. La organización ecosocialista denuncia el abandono por parte del Cabildo y la dejación del Gobierno de Canarias con los testimonios de la historia del Archipiélago y apunta a que el uso de una bandera española en este acto vandálico indica una acción premeditada, irrespetuosa y con unos tintes políticos absolutamente rechazables en los que se muestra la incapacidad de leer la historia de Canarias y reconocer todas sus facetas.
La organización considera muy grave la reciente ejecución de una pintada que afecta a los grabados rupestres de la Montaña de Enmedio o Jaifa en el municipio de Puerto del Rosario (Fuerteventura). La acción vandálica recayó sobre un grupo de grabados geométricos ubicados en el contexto de los grabados alfabéticos latinos localizados en 1984 y que por ahora son exclusivos de Fuerteventura y Lanzarote, dotados de un extraordinario interés para estudiar y conocer el poblamiento de las Islas en la Antigüedad.
Estas inscripciones constituyen un importante legado de las antiguas poblaciones canarias. Sí se puede señala que mientras el Cabildo de Fuerteventura sigue con la locura y despilfarro del Proyecto de Chillida en Tindaya, el patrimonio arqueológico continúa sometido a graves expolios y destrozos, como ya ha ocurrido en la Isla con varios grabados de Tindaya, Cofete y la destrucción parcial del Gran Sol de Tejate, a lo que se suma esta destrucción en Jaifa.
La organización ecosocialista recuerda que las manifestaciones rupestres canarias son consideradas Bien de Interés Cultural (BIC) en la legislación, y que, por tanto, deben contar con la máxima protección patrimonial. A juicio de la formación, el problema viene de lejos, pues ya La Ley 4/1999 de 15 de marzo de Patrimonio Histórico de Canarias, aún en vigor, señalaba en su preámbulo que el patrimonio arqueológico merecía una especial atención debido al muy grave y acelerado deterioro que sufría, entre otras causas, por la destrucción deliberada de paneles rupestres, algo que continúa ocurriendo.
Llama la atención que casi veinte años después se sigan repitiendo estos hechos, lo que obliga a someter a los responsables públicos a una profunda crítica. Que este enclave haya sufrido ya varias afecciones es una evidente señal de desidia en la labor de protección del patrimonio que obliga a las administraciones y las distintas instituciones públicas.
Sí se puede insta al Gobierno de Canarias y a los Cabildos Insulares a establecer los necesarios entornos de protección, esto es, las zonas cuya delimitación ha de realizarse a fin de prevenir, evitar o reducir el impacto negativo de actividades o usos que repercutan en estos bienes que han de ser sin duda especialmente protegidos. Así mismo les insta a dotar la actual Ley de Patrimonio de medios humanos y financieros adecuados para que pueda cumplirse su finalidad de protección, conservación, investigación, difusión y transmisión en las mejores condiciones posibles el patrimonio histórico de Canarias a las generaciones futuras.