Sí se puede exige al Gobierno de Canarias un “compromiso inequívoco” con la sanidad pública y señala que la destitución de Teresa Cruz Oval como consejera de Sanidad es el resultado de “una maniobra a favor de la sanidad privada”, asegura Pedro Fernández Arcila, portavoz de la organización ecosocialista, que apuesta por que al frente de esta consejería esté una persona claramente favorable a la sanidad pública que revise a la baja los conciertos con la privada.
Arcila subraya que Sí se puede luchará contra “el regreso a la época de Baltar, con la sanidad pública entregada a los intereses de empresas privadas” y añade que “en el contexto actual, la ciudadanía de Canarias no entendería repetir políticas supeditadas a los grupos de presión privados de la sanidad; es necesario apoyar el modelo público como fórmula de éxito para el bienestar de nuestra población”, apunta.
La crisis sanitaria creada por el coronavirus exige que el Gobierno priorice la protección de la salud y de la vida de la población y la protección del personal que presta servicios sanitarios y sociales en primera línea con pacientes y personas de riesgo y no se puede olvidar que el mayor porcentaje de sanitarios que han contraído el virus en el Estado se da en Canarias (20 %) frente a la media estatal (12 %) y que el papel del Gobierno de Canarias es fundamental ante esta crisis, puesto que determinadas actuaciones del Gobierno central no están alcanzando al Archipiélago, como ha ocurrido ya con la compra urgente de material protector frente al virus, que forzó al ejecutivo autonómico a hacerse cargo de una compra por su cuenta.
Asimismo, para Sí se puede, esta decisión es “incongruente” porque va en la línea contraria a las decisiones tomadas por otros gobiernos, tanto autonómicos como europeos, que han puesto la estructura y recursos de la sanidad privada al servicio de la ciudadanía. “La crisis sanitaria es de tal magnitud que se requiere adoptar todas las medidas necesarias; poner la sanidad privada al servicio de la pública es una de ellas, como ya previó el Real Decreto 463/2020 por el que se declaraba el estado de alarma el pasado 14 de marzo”, recuerda Arcila.
En efecto, el Real Decreto, entre las medidas dirigidas a proteger la salud de la ciudadanía, contener la progresión de la enfermedad y reforzar el sistema de salud pública, a la hora de gestionar recursos, contempla en su artículo 12 la posibilidad de que los centros, servicios y establecimientos sanitarios de titularidad privada contribuyan a reforzar el Sistema Nacional de Salud, tal como recuerda también la Orden SND/232/2020, del 15 de marzo, por la que el Ministerio de Sanidad desarrolló la adaptación de medidas para la gestión de la crisis sanitaria.
El portavoz de Sí se puede destaca como ejemplo de estas medidas a la Generalitat Valenciana, que hace ya dos semanas previó la incorporación de todo el sector sanitario privado a la red pública en su decreto de medidas de urgencia para combatir la extensión del coronavirus. Igualmente, cita al gobierno irlandés, que este miércoles, 25 de marzo, anunció la nacionalización de los hospitales privados mientras dure la pandemia. Arcila concluye diciendo que “la pandemia coloca a los gobiernos desnudos frente a la ciudadanía, que será capaz de valorar quién está a la atura ante una crisis de dimensiones históricas”.