Sí se puede rechaza las maniobras militares Gruflex 2018, que está previsto desarrollar en Canarias entre el 13 y el 19 de noviembre, con participación de fuerzas conjuntas del ejército español y de Italia, Portugal y Estados Unidos –todos ellos, países integrantes de la OTAN–, en un despliegue de operaciones anfibias que afectarán a las islas de Fuerteventura, Gran Canaria y Tenerife especialmente.
La organización ecosocialista apuesta por hacer del Archipiélago una plataforma oceánica de paz y cooperación, involucrada preferentemente con los países de África. En esta línea, propone anclar en el sistema jurídico internacional las fórmulas que permitan desarrollar la vocación pacífica del pueblo canario y que sitúe al Archipiélago en un lugar destacado en la construcción de relaciones entre los pueblos basadas en el respeto, la solidaridad y el diálogo, de forma que se erradiquen los intereses económicos que impulsan las guerras y el uso de políticas bélicas para el expolio de las riquezas de países militarmente más débiles.
Sí se puede considera que la formulación de un Estatuto de Territorio de Paz y Cooperación como vía para resituar el papel geoestratégico de Canarias desde esta perspectiva es lo que se corresponde con el mandato popular emitido en el referéndum sobre la OTAN en marzo de 1986, en el que el pueblo canario expresó claramente su opción por la paz. Por este motivo, no cabe la implicación creciente de Canarias en importantes zonas de conflicto en países vecinos, ni a través de acciones militares directas que involucran a las Islas con un papel activo –como ya ocurre en Mali y otras zonas de África– ni a través de su participación en los supuestos contingentes de paz, que ocultan una nueva realidad de colonialismo del siglo XXI.
Militarización creciente
A juicio de Sí se puede, estas maniobras son un paso más en la militarización de las Islas. Se trata de un fenómeno más que evidente en Fuerteventura, donde la ocupación del territorio por parte del ejército es creciente, con un papel especial en el Campo de Tiro de Pájara, para el que reclama su cierre. Asimismo, en Lanzarote se prevé instalar armas y unidades de combate con las miras puestas en África.
Además, en otras islas, el Ministerio de Defensa consolida la ocupación de espacios que hace años estaba a punto de abandonar, como Hoya Fría, en Tenerife y La Isleta y El Arsenal, en Gran Canaria, a lo que habría que añadir la recuperación del proyecto del radar de Malpaso en El Hierro. La organización destaca también que, más imperceptible, junto a la agrupación y el adiestramiento de tropas y la concentración de arsenal, se da también un proceso sigiloso de remilitarización con material de alta tecnología.
Sí se puede cuestiona la información que pretende ganarse el respaldo de la población, en la que se presenta al ejército como un colectivo especializado en operaciones humanitarias, ya que es ampliamente reconocido que las maniobras tienen un objetivo militar y no se puede ocultar la realidad de estos ejercicios, que involucran a Canarias en operaciones amenazantes para los países vecinos de África.
En Canarias estos ejercicios provocan graves daños medioambientales, además de la muerte de cetáceos. En concreto, las maniobras Gruflex 2018 se extienden a espacios naturales protegidos, como en el barranco Veneguera, en Gran Canaria, y las áreas orientales de Fuerteventura y Lanzarote, para las que se está tramitando una Zona de Especial Protección de ámbito europeo por sus valores ambientales. La destrucción de yacimientos arqueológicos es algo que también ha quedado demostrado en otras ocasiones con la construcción de ciudades fantasma en las islas orientales.
Igualmente, Sí se puede recuerda que el acuerdo firmado entre el Ministerio de Defensa y el Gobierno de Canarias en 2004 para proteger a los cetáceos y restringir el uso del sónar con fines militares en el Archipiélago contempla la prohibición absoluta de maniobras en las islas orientales, así como del uso de cualquier frecuencia durante ejercicios militares, además de establecer una distancia de 50 millas de las aguas territoriales para su práctica; se trata de las únicas medidas posibles de acuerdo al derecho del mar.