La coalición Sí Podemos Canarias reclama la implicación del Cabildo de Tenerife para detener los desahucios sin alternativa habitacional en la Isla. El grupo insular recuerda que, en 2020, impulsó un acuerdo institucional que el gobierno insular debe cumplir, al comprometerse a defender el derecho a la vivienda y hacer frente a la emergencia habitacional.
Ante la dramática situación que atraviesan muchas familias en riesgo de desahucio en Tenerife y que defienden actualmente su derecho a una vivienda digna y reclaman soluciones por parte de las administraciones públicas competentes, el grupo de la coalición formada por Equo, Sí se puede y Podemos en el Cabildo de Tenerife exige la implicación activa de la corporación insular para lograr la paralización inmediata de los lanzamientos sobre las familias sin alternativa habitacional.
El grupo recuerda que en el pleno insular de octubre de 2020, Sí Podemos Canarias consiguió sacar adelante un acuerdo institucional que el grupo de Gobierno del Cabildo debe cumplir, y por el que se comprometió a defender el derecho a la vivienda y hacer frente a la emergencia habitacional de Tenerife. Entre los puntos aprobados en dicha moción, destaca el impulsar desde la corporación la elaboración de un modelo de ordenanza o reglamento municipal cuyo contenido desarrolle un protocolo de actuación, a fin de evitar cualquier tipo de desahucio a familias y menores sin alternativa habitacional.
En este sentido, Sí Podemos Canarias destaca que es intolerable que numerosas familias de Tenerife, con menores a su cargo, sigan sufriendo la amenaza de los desahucios sin tener una alternativa habitacional a la que acogerse y se ven obligadas a expresar sus quejas directamente frente a las administraciones públicas competentes en esta materia.
En el caso del Cabildo tinerfeño, la coalición resalta el compromiso del gobierno con las personas que se encuentran en riesgo de desahucio debe ser absoluto, máxime cuando todos los grupos políticos de la corporación respaldaron nuestra propuesta en defensa del derecho a la vivienda. El grupo insular destacaque en la celebración del próximo Consejo Insular de la Vivienda, a final de julio, planteará soluciones inmediatas a estas situaciones.
Una de las propuestas de Sí Podemos Canarias –ya aprobada en el mencionado acuerdo institucional de octubre de 2020– consiste en que la institución insular inste al Gobierno de Canarias a que, a través del Instituto Canario de la Vivienda, interceda con la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (SAREB), para que ceda al Cabildo, o en su defecto a los municipios de la Isla, los inmuebles destinados por el planeamiento al uso de vivienda, para la puesta en régimen de alquiler social. Asimismo, se aprobó instar a la Federación Canaria de Municipios (FECAM) a que se dirija a la SAREB en el mismo sentido.
En Tenerife, al igual que en el resto del Archipiélago, una de las grandes carencias está provocada por la falta de vivienda social, un asunto que debe solventarse cuanto antes. Es incomprensible que haya muchísimas viviendas sin terminar desde hace años y que las dministraciones públicas competentes para habilitarlas no las hayan lcomprado para añadirlas al parque de vivienda pública y así permitir que las familias tinerfeñas más vulnerables puedan acceder a ellas con unas condiciones adaptadas a las circunstancias particulares de cada caso.
La coalición recuerda, en este sentido, que en el pasado Debate del Estado de la Isla la corporación insular aprobó una propuesta suya presentada como una enmienda al remanente del presupuesto del Cabildo, para iniciar de inmediato los trámites necesarios para la adquisición de inmuebles con este fin, para ampliar el parque público de viviendas en Tenerife.
Sí Podemos Canarias reclama que el Cabildo de Tenerife intervenga urgentemente ante esta situación e intermedie con el Gobierno de Canarias y los órganos competentes en materia de vivienda para tratar de llegar a un acuerdo que evite que se vuelvan a producir más desahucios sin alternativa habitacional, puesto que la crisis económica, social y sanitaria que ha provocado la pandemia de COVID-19 ha acrecentado las diferencias sociales existentes en nuestra sociedad y ha afectado especialmente a aquellas familias que, por circunstancias previas y ajenas a la pandemia mundial, lo estaban pasando realmente mal.