La Mesa de Cargos Electos, espacio que coordina actualmente a los concejales de Sí se puede, Vecinos por El Puerto e Iniciativa por La Orotava, ha elaborado un manifiesto con el que muestran su rechazo a la propuesta de reforma de la Administración Local propuesta por el PP.
Las formaciones de la izquierda municipalista rechazan esta iniciativa ya que entienden que se trata de “un paso más en la privatización de los servicios públicos y el alejamiento de los ciudadanos de las administraciones más cercanas, siendo una apuesta por la tecnocracia, frente a la democracia”.
Consideran que el PP, con esta ley, quiere eliminar competencias, asfixiar a los municipios, separarlos por rangos de forma arbitraria, convirtiendo a los vecinos y vecinas en ciudadanía de primera o segunda según donde vivan.
Recuerdan que el gasto municipal en el PIB en el Estado español se aproxima en la actualidad al que se generaba en 1981 y la deuda de los ayuntamientos representa menos del 3% de toda la deuda pública, lo que evidencia la arbitrariedad de la propuesta del gobierno estatal.
Eliminar servicios públicos como escuelas infantiles, ludotecas, las escuelas de música, la gestión deportiva y los mismos servicios sociales, significa empeorar la atención y alejar al ciudadano de la gestión de estos servicios, ampliando más la brecha existente entre los que tienen más recursos y los que necesitan de la ayuda de las administraciones locales. Aseguran que con esta medida el PP quiere quebrar la columna vertebral de la democracia local, ampliando los beneficios de las empresas privadas, que seguramente sean las que reciban aquellos servicios que las administraciones locales deban dejar de prestar.
En Canarias 60 ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes serán los más afectados por esta medida “arbitraria, antidemocrática y privatizadora, más de 400.000 canarios y canarias que van a perder servicios. Frente a esto nos posicionamos claramente como organizaciones que creemos en los municipios, que apostamos claramente por la fuerza de la democracia más cercana, acabando con aquellas duplicidades que existan, pero manteniendo la cercanía, mejorando la eficacia de la gestión pública con unos claros criterios sociales”, afirman.
Desde la Mesa de Cargos defienden la necesidad de regular los sueldos de los políticos y las contrataciones de cargos de confianza, “acabando con décadas de prácticas oscuras y de todo tipo de enriquecimiento ilícito”, pero creen que este proyecto de Ley lo regula incorrectamente, al no fijarse un tope en el coste político, defendemos unos máximos fijados en criterios claros basados en el nivel de población y el presupuesto municipal, acercándolo además a los ingresos que perciben la mayoría de ciudadanos.
“Reivindicamos la acción municipalista y el derecho de los ciudadanos a recibir los mismos servicios básicos, sea cual sea la localidad en la que vivan. Anunciamos finalmente nuestra firme oposición a esta medida y nuestra voluntad de mantener una defensa clara de los servicios públicos locales, como un compromiso más con nuestros vecinos y vecinas”, finalizan.