El portavoz de la Comisión de Movilidad de Sí se puede, Rafael González, ha criticado duramente el anuncio de una subida cercana al 10% en las guaguas interurbanas a partir del próximo sábado. Cree que la decisión del Cabildo tinerfeño hace pocos meses, de suprimir más de 30 líneas de guaguas en distintos barrios y pueblos de la Isla, así como la de reducir frecuencias de paso en otras tantas, “se suma a sucesivas subidas de las tarifas del viaje en guagua, incluidas las bonificaciones, que en los últimos doce meses suponen un 15% del aumento del coste del trayecto mínimo”.
González afirma que “a pesar de la crisis financiera e institucional que estamos viviendo, con recortes continuos en prestaciones, en pensiones, en la capacidad adquisitiva del ciudadano en definitiva, volvemos a asistir a anuncios de nuevos recortes en servicio y subida de precios del transporte público en las guaguas”.
El portavoz de la Comisión de Movilidad asegura que “esta subida de precios, está justificada siempre por la subida de carburantes, pero que nunca es compensada con bajadas de precios cuando el mismo carburante desciende su precio de venta, coincide con unos insultantes gastos, auténticos derroches de dinero público por parte del propio Cabildo de Tenerife”. Para la organización ecosocialista es inexplicable que se tome esta decisión mientras se realizan “gastos como los continuos viajes del presidente a Madrid o a países de la Unión Europea, para pedir fondos destinados a sus proyectos megalómanos de trenes. Proyectos de trenes que incluso hace tan sólo un año habían sido descartados por el propio Cabildo, toda vez que un informe pedido a una consultora privada, y cuyo gasto corrió a cargo del erario público insular, finalizó desaconsejando la obra del tren de alta velocidad por su inviabilidad económica y alto coste medioambiental”.
Rafael González cree que el presidente del Cabildo y su consejero del área de movilidad “parecen haberse vueltos ciegos y sordos antes las evidencias y ante las numerosas peticiones de la ciudadanía”. En este sentido explica que “de nada parecen haber servido las campañas informativas, las marchas de protestas, las alegaciones, incluso, las muestras de rechazo por diversos alcaldes del Norte y Sur de Tenerife al proyecto de trenes o a las modificaciones de servicios de guaguas”.
“Las últimas subidas de precios anunciadas para final de este mes, pese a que se asegura que no afectarán a los colectivos sociales más sensibles, la realidad es que afectarán precisamente a la población con menor capacidad económica, como son los pensionistas, los estudiantes o los desempleados, ya que a todos ellos se les reduce el porcentaje de descuento en las bonificaciones, igualmente, se verán afectados los turistas que utilicen la guagua pública con destino a los aeropuertos” afirma.
Desde Sí se puede consideran que “se vuelve a generar un agravio comparativo entre el usuario del tranvía y el de la guagua; al segundo se le estigmatiza, se le hace cargar con los gastos derivados de la costosa inversión en la obra ferroviaria y se le acusa de usar un medio con poca eficiencia económica, cuando precisamente se han reducido o suprimido las líneas de guagua más eficientes, para obligar al ciudadano a utilizar el tranvía”.
“Mientras en grandes capitales europeas y sudamericanas se apuesta decididamente por el carril exclusivo de guagua, el uso de vehículos adaptados a las necesidades del usuario y la variedad en los tipos de tarifas, para dar solución a las necesidades de movilidad en los entornos urbanos y periurbanos, en Tenerife parece ser que hay un empeño en desmantelar la eficacia del servicio de transporte público y castigar al ciudadano con medidas que le invitan a continuar utilizando el coche particular” opinan los ecosocialistas.
Desde Sí se puede se insta finalmente al Cabildo Insular de Tenerife a rectificar su política de movilidad, paralizando el derroche en los proyectos ferroviarios y dando traslado a esos millones de euros a las dotaciones del transporte en guagua, así como a los servicios de salud, educación y servicios sociales públicos.