En la mañana del viernes Sí se puede, a través de Fernando Sabaté, su portavoz insular, presentó sus alegaciones en las que pedían la retirada del Plan Territorial Especial de Grandes Equipamientos Comerciales de la Isla de Tenerife.
El portavoz de izquierdas argumenta en el documento presentado que en primer lugar con el plan actual “se vulnera el Decreto 86/2011, de 8 de julio, que establece claramente que las competencias de la Consejería de Empleo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias en ningún caso incluyen las relativas a la ordenación del territorio, siendo estas competencias de los organismos locales e insulares; a través de los Planes Generales de Ordenación y los Planes Insulares de Ordenación. Consideramos que en este caso la Consejería está tomando unas competencias que no tiene al respecto de los usos del territorio”.
Por otra parte en Sí se puede consideran que antes de su redacción el Gobierno de Canarias debería haber exigido que esta normativa no fuera una simple traslación de las leyes europeas como la Directiva Bolkestein, “sin tener en cuenta nuestras peculiaridades como el ser un territorio fragmentado, poseer unos ecosistemas únicos o nuestra condición de Región Ultraperiférica, creemos se tendría que haber pedido desarrollar el artículo 299.2 TCE, que sienta las bases para hacer posible la adaptación, modificación o incluso derogación de las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario en su aplicación a lugares como Canarias” asegura Sabaté.
Desde Sí se puede consideran que el Plan recoge “un modelo de desarrollo basado en la construcción de grandes infraestructuras como autopistas y puertos, unos centros que consumen valioso suelo y grandes recursos energéticos, además de potenciar el uso del vehículo propio frente al trasporte colectivo”. A este respecto en la organización de izquierdas indican que “en el propio documento se calcula que las nuevas superficies propuestas generarían un gasto que superaría los 35.000.000 KW por hora, tan sólo en Tenerife, chocando frontalmente con las previsiones recogidas en el Plan Energético de Canarias (PECAN)”.
Finalmente los ecosocialistas consideran que es necesario que se tenga en cuenta “las repercusiones que este tipo de superficies tienen sobre los puestos de trabajo existentes en las PYMES de las Islas y los daños a los productores locales, ya que representan un modelo de importación masiva de productos de terceros países que ponen en peligro nuestra soberanía alimentaria”. En este sentido Sabaté cree que se debe escuchar las opiniones de estos sectores para evitar afectarlos y no entiende como “el proyecto no incluye una “Alternativa 0”, que es preceptiva por ley, y en la que se obliga a valorar la posibilidad de la no implantación de nuevas grandes superficies”.