Sí se puede se muestra crítica con la resolución de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife con la que declara la imposibilidad de restaurar los barrancos de Güímar tras el daño medioambiental causado por la actividad de extracción de áridos constante desde los años 60 en este municipio del sur de Tenerife. Estos hechos fueron calificados como delito contra los recursos naturales y el medio ambiente por la sección segunda del mismo tribunal en enero de 2016 y, por ello, condenó como “autores criminales” a los empresarios José Enrique Morales, Pedro Sicilia y Antonio Plasencia.
La organización ecosocialista destaca que, en su resolución, la Audiencia Provincial “no ha analizado el riesgo en el que queda la población del Puertito de Güímar y los barrios y fincas aledaños a los barrancos en el caso de que no se proceda a restaurar el destrozo ambiental cometido por los areneros”, precisa Pedro Fernández Arcila como portavoz de la Comisión Permanente Canaria de Sí se puede.
Asimismo, Sí se puede es contraria a crear una situación de impunidad y a que los areneros se salgan con la suya después de cuatro años de resistencia al cumplimiento de la sentencia de 2016, toda vez que, a cambio de no proceder a la restauración fijada por los tribunales, la Audiencia plantea unas indemnizaciones millonarias que, se sabe, los empresarios no van a asumir porque se han declarado insolventes.
En este sentido, Arcila destaca que “la degradación del terreno causada por la actividad extractora hace de la zona un espacio extraordinariamente vulnerable, como demuestran los derrumbes y corrimientos de tierra que causan las lluvias”. En este sentido, la organización ecosocialista considera imprescindible encontrar fórmulas para la rehabilitación de los terrenos y señala que el informe vinculante emitido por la Consejería de Transición Ecológica y Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno de Canarias establece la imposibilidad de ejecutar el plan de restauración propuesto por los empresarios condenados, lo que “no significa que sean imposibles otros procedimientos para alcanzar esa rehabilitación”, añade el portavoz.