Pedro Fernández Arcila, concejal de Sí se puede en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, dijo hoy que el anuncio de la multinacional Sacyr-Vallehermoso, accionista mayoritaria de la empresa de aguas Emmasa, de que va a hacer una inversión plurianual de casi 34 millones de euros en obras del ciclo integral del agua “es la tercera promesa que hacen sobre este asunto, pero esta vez con la novedad de que lo hacen en rebajas, porque la cantidad de dinero que prometen es menor que la anunciada en otras ocasiones”.
Arcila afirmó que este compromiso de la multinacional y su acuerdo con el alcalde, José Manuel Bermúdez, no es más que una nueva cortina de humo con la que ambas partes pretenden seguir ocultando de mutuo acuerdo la sangría y el chantaje a que Sacyr-Vallehermoso viene sometiendo al municipio de Santa Cruz desde que se hizo cargo de la empresa Emmasa.
“Si el alcalde tuviera la intención real de poner las cosas en su sitio, hace tiempo que habría recuperado para Santa Cruz el servicio y habría rescindido el contrato con Sacyr por los gravísimos y continuados incumplimientos del contrato, que no se arreglan ahora con el anuncio de unas inversiones a las que, en cualquier caso, la empresa estaba obligada desde que ganó el concurso”, señaló Arcila.
Ante esta nueva promesa por parte de la multinacional, el portavoz ecosocialista dijo que “ya es hora de que una y otra parte dejen de marear la perdiz y, concretamente, seguimos considerando urgente que el interventor designado por el Ayuntamiento para Emmasa dé cuenta de sus acciones ante los órganos municipales y los grupos políticos, pues este sospechoso silencio no solo resulta preocupante, sino que constituye una infracción de la orden dada en su día por la Junta de Gobierno”.
Sobre este último asunto, Arcila ya pidió este mismo mes por escrito copias del expediente en el que obren las rendiciones de cuentas mensuales del interventor a la Junta de Gobierno, tal y como se exigía en el acuerdo de intervención de la empresa mixta, acordado el 24 de noviembre del año pasado. Esta solicitud responde al hecho de que en ningún orden del día de las sesiones de la Junta de Gobierno celebradas a partir de esa fecha figura la rendición de cuentas del interventor, pese a que estaba obligado a ello.