Pedro Fernández Arcila, concejal de Sí se puede en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, llevará al Pleno ordinario de este mes, que se celebrará el próximo día 27, una moción en la que propone la supresión de la denominada tasa de mantenimiento de cementerios, pues esta no tiene justificación alguna por razones de equilibrio económico financiero del concesionario ni viene establecida en el pliego de licitación del servicio, adjudicado a la empresa Cetensa.
Con la presentación de esta propuesta, Arcila espera que el alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, “se quite la careta y explique a la ciudadanía si la suspensión del pago de la tasa, que él mismo ordenó en octubre del año pasado, fue una medida meramente electoralista ante las protestas de los usuarios y usuarias del servicio o si realmente tiene la voluntad de eliminar un gravamen que no se justifica desde ningún punto de vista que no sea favorecer a la empresa”.
Al respecto, Arcila recordó hoy que el concejal de Servicios Públicos, Dámaso Arteaga, afirmó en la pasada Comisión de Control, a preguntas del portavoz de Sí se puede, que el Ayuntamiento no tiene la intención de pagar los 600.000 euros que Cetensa le está reclamando por tasas de cementerios correspondientes al año pasado. “Esto quiere decir –señala Arcila en su moción– que esos 600.000 euros terminarán pagándolos las personas que tengan sus familiares en el cementerio”.
Este anuncio de Arteaga también supone que la suspensión que había ordenado el alcalde en octubre “viene a ser una medida exclusivamente temporal que tenía como finalidad aplacar las protestas ciudadanas por la cercanía de las elecciones locales, pero, una vez que se subsanen las deficiencias meramente formales por las que se había acordado la suspensión, Cetensa podrá dirigirse a los santacruceros y santacruceras para reclamarles cada año la cantidad de 600.000 euros”, añade Arcila en la propuesta que llevará al Pleno.
Casi siete millones
El Ayuntamiento ha tenido que pagarle a Cetensa por este concepto la cantidad de 6,7 millones de euros en los últimos años, y todo ello pese a que en el pliego de condiciones para la adjudicación del servicio se señalaba claramente que la empresa adjudicataria tenía que mantener el equilibrio financiero sin establecer el citado gravamen.
Este extremo ya sirvió de argumento en un informe presentado en julio de 2005 por el Servicio de Gestión y Control de Servicios Públicos, que indica que la tasa de mantenimiento no se ajusta al pliego de licitación. Sin embargo, el grupo de gobierno ignoró durante años el criterio de los técnicos municipales y además sostuvo hasta el pasado mes de octubre que el cobro a los ciudadanos era correcto, en una defensa de Cetensa que a Sí se puede le resulta cuando menos chocante.