Pedro Fernández Arcila, concejal de Sí se puede en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, preguntará en el Pleno ordinario de esta semana si el grupo de gobierno tiene previsto aplicar a corto o medio plazo alguna política social en relación con el transporte público, teniendo en cuenta las múltiples quejas manifestadas por los usuarios desde que se hicieron efectivas las nuevas tarifas.
Estas subidas, que entraron en vigor el pasado mes de julio, contemplan una drástica reducción de las bonificaciones a algunos colectivos, tal y como se reconoce en la propuesta de modificación aprobada por el Gobierno de Canarias, que señala, por ejemplo, que “en el caso de mayores se plantea una bonificación del 70% de la tarifa bonificada para aquellos cuya edad sea superior a 65 años y sean beneficiarios de una pensión no contributiva, eliminándose el resto de bonificaciones para este colectivo”.
Arcila considera inasumibles para un importante sector de la población de Santa Cruz los nuevos precios, que se registran en medio de una de las peores crisis que recuerda nuestra sociedad y que colocan al municipio como la segunda capital de provincia, después de Huelva, donde más se incrementó el precio del transporte público de viajeros entre 2012 y 2013, según un informe de Facua-Consumidores en Acción. Este estudio indica que la guagua subió el pasado año un 19,05% en la capital tinerfeña.
A raíz de la entrada en vigor de las nuevas tarifas, varios colectivos sociales y personas a título particular se pusieron en contacto con Sí se puede para expresar su malestar y sus dificultades económicas para trasladarse en transporte público, agudizadas en el caso de tener que utilizar líneas urbanas e interurbanas y verse obligadas a comprar dos tipos de bonos. Igualmente, la organización tiene constancia de que algunas de estas personas se han reunido con el concejal de Servicios Públicos y con responsables de movilidad del Cabildo de Tenerife para expresarles sus quejas y propuestas, sin haber recibido ninguna respuesta satisfactoria hasta ahora.
Por todo ello, Arcila no solo pregunta por los planes del grupo de gobierno en cuanto a posibles medidas de carácter social, sino que le pide un análisis de las quejas y propuestas recibidas en relación con este asunto por parte de colectivos y particulares.