Pedro Fernández Arcila, concejal de Sí se puede en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, propondrá este viernes al pleno cinco acciones contundentes para poner fin al “pelotazo de manual” que, según el edil, se viene produciendo desde hace años en torno a la concesión del servicio de cementerios de la capital, que ha generado pérdidas millonarias a las arcas municipales.
A través de una moción, Arcila propone solicitar un informe jurídico para que se determine si, a la vista de las irregularidades detectadas en un informe técnico municipal de 2005 –gracias al cual Sí se puede destapó hace seis meses este nuevo escándalo–, procede la resolución del contrato con la empresa Cetensa Canarias, SA o la apertura de expediente sancionador por presuntas infracciones al pliego de condiciones o a la normativa sobre contratación pública.
Además, en la moción se pide solicitar dos informes a Hacienda y a Intervención para que cuantifiquen el perjuicio económico que han supuesto estas actuaciones para el erario. Tan solo el incumplimiento del plan de obras del periodo 1995-2005 ha significado que la adjudicataria haya dejado de invertir 5.529.388 euros, a lo que se suman las irregularidades en el cobro de una sola vez del importe derivado de una cesión de nichos que tiene una duración de 99 años, cuando la concesión del servicio es como máximo de 30 años.
El concejal ha comprobado la existencia de más de una docena de graves irregularidades en este servicio, las cuales están suponiendo un enriquecimiento de la empresa concesionaria y de las subcontratadas. Este enriquecimiento “es financiado por el erario como consecuencia de una serie de acuerdos y actuaciones municipales” que Arcila reclama que sean revisados con carácter inmediato “para acabar con esta sangría”.
Una de estas irregularidades consistió en la transmisión a la empresa concesionaria por parte del Ayuntamiento y por un periodo de 75 años de los terrenos municipales donde se encuentra el tanatorio de Santa Lastenia (45 años más de la concesión del cementerio) a cambio de desistir la adjudicataria del importe que hubiera supuesto la denominada tasa de mantenimiento –inexistente en el pliego de condiciones– durante tres años.
En la Comisión de Control del pasado mes de enero, Sí se puede ya pidió explicaciones al concejal de Servicios Públicos, Dámaso Arteaga, quien afirmó no conocer el informe técnico de 2005, por lo que la organización le dio un plazo de seis meses para frenar este pelotazo, en el que podrían estar involucrados responsables políticos de mandatos anteriores. Transcurrido este periodo, el grupo de gobierno sigue sin actuar para defender los intereses municipales, lo que ha movido a Arcila a elaborar la moción que presentará este viernes.
El resto de las medidas propuestas son las siguientes: evaluar, a la vista del contenido de los informes que se solicitan en la moción, la posible remisión de estas irregularidades a la Fiscalía; proceder de manera inmediata a la recuperación del derecho real de superficie cedido irregularmente a Cetensa y anular la cesión realizada por esta empresa a Inversiones Funerarias Reunidos SRL; y remitir el informe técnico de 2005 al Servicio Canario de Defensa de la Competencia por la presunta infracción en materia de libre competencia.