Asunción Frías, concejala de Sí se puede en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, quiere saber por qué en el desmantelamiento de tres infraviviendas del asentamiento contiguo al pabellón de deportes Pancho Camurria, en el barrio de Somosierra, ocurrido el pasado día 1, no participó personal de la Unidad Móvil de Acercamiento (UMA) ni, en general, de los Servicios Sociales de la Corporación. Para ello, ha pedido la comparecencia del presidente del Instituto Municipal de Atención Social (IMAS), Óscar García, en la Comisión de Control del próximo día 10.
El del pasado martes fue un protocolo que, según la información publicada, Sí se puede considera incorrecto al no haberse tenido en cuenta las especiales circunstancias que concurren en una actuación de este tipo, en la que se ven afectadas personas en situación de exclusión social, lo que hace imprescindible la participación de los Servicios Sociales municipales. Además, la presencia de varias patrullas de la Unipol (unidad especial de la Policía Local de Santa Cruz) agrandó la incertidumbre entre los habitantes de este asentamiento sobre lo que iba a suceder. Por todo ello, Frías quiere que García explique detalladamente cuál fue el procedimiento seguido en el desmantelamiento de estas tres casetas.
Con su solicitud de comparecencia, presentada hoy por escrito, Frías también desea saber qué pasos está previsto dar en relación con este asentamiento de infraviviendas y sus residentes. La concejala considera que es imposible su integración social si no se multiplican exponencialmente los recursos dedicados a la búsqueda de una auténtica justicia social. Por eso, Sí se puede exige desde hace años, entre otras medidas, el establecimiento de una red de recursos sociales y sociosanitarios que estén a la altura de los de cualquier país avanzado, así como una Renta Básica que permita la cobertura de las necesidades básicas personales con autonomía y dignidad.
La portavoz ecosocialista duda de la versión del Gobierno local según la cual el desmontaje de las chabolas se produjo “dentro de un dispositivo que coordina a las Concejalías de Seguridad Ciudadana, Atención Social y Servicios Públicos” y se hizo con dos casetas que “contenían chatarra y el ocupante de la tercera se encuentra en el Centro Municipal de Acogida”. Según el Ayuntamiento, “como en casos anteriores, las construcciones que se retiran son solo aquellas que se encuentran deshabitadas o previo consentimiento de sus ocupantes”.
Frente a esta versión, la recabada por Sí se puede de residentes en el asentamiento señala que hay personas que se quedaron sin techo para dormir o sin sus únicas pertenencias. Además, a este hecho se suma el ya señalado de que no hubiera personal de la UMA ni de Servicios Sociales, sino patrullas de la Unipol junto a los operarios de la empresa Urbaser que desmontaron las viviendas.