Asunción Frías, concejala de Sí se puede en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, presentará al Pleno de mañana una moción en la que pide que se le exija a Emmasa reducir drásticamente las pérdidas de agua que se producen en el proceso de suministro, que en los últimos años ascienden a un 20% del total. Para ello, la empresa deberá ejecutar las obras de reparación, reposición, adecuación, mejora y ampliación de infraestructuras que desde 2006 hasta la actualidad lleva sin realizar, pese a estar obligada a ello.
El ahorro producido serviría para crear una red de fuentes de agua potable en todos los distritos del municipio, en consonancia con una idea planteada a la Corporación por la Asociación por la Rehabilitación del Parque Cultural Viera y Clavijo y la Plataforma por la Dignidad. Además, el Ayuntamiento podría asumir otros gastos, como la bonificación de tarifas para los colectivos más vulnerables y la aplicación de las Prestaciones Económicas de Asistencia Social (PEAS) relativas al consumo de agua de personas en situación de necesidad o emergencia.
En la misma línea, y también en consonancia con las demandas de los dos colectivos citados, Frías preguntará en el Pleno de mañana por los pasos dados para cumplir un acuerdo plenario de julio de 2013 por el cual el Consistorio se comprometió a redactar una propuesta de bonificaciones en la tarifa del agua para los colectivos más vulnerables y con pocos recursos económicos.
Antenas de telefonía
Por su parte, el concejal de Sí se puede Pedro Fernández Arcila pedirá en el Pleno la paralización de la Ley General de Telecomunicaciones, que retira a los ayuntamientos toda competencia en materia de control sobre las antenas de telefonía móvil. La iniciativa es una moción elaborada por la Plataforma Estatal contra la Contaminación Electromagnética (Peccem) y remitida a la organización ecosocialista por la Plataforma de Afectados por las Antenas de Telefonía Móvil de Canarias (Planmocan).
La Ley de Telecomunicaciones, que actualmente se debate en el Senado, elimina la competencia municipal para conceder licencias, con lo que arrebata a los ayuntamientos la posibilidad de aplicar el principio de precaución recogido en la Ley General de Salud Pública, que establece la necesidad de proteger a la población ante la posibilidad de un riesgo para la salud. Esta competencia está reconocida expresamente por el Tribunal Supremo a la Administración local en el caso concreto de la exposición a los campos electromagnéticos de las antenas de telefonía móvil.
Antes del debate de la moción de Sí se puede sobre el agua intervendrá, en el turno de participación ciudadana, Ana María Mendoza, presidenta de la Asociación por la Rehabilitación del Parque Cultural Viera y Clavijo. Lo mismo hará Holanda Díaz, portavoz de Planmocan, antes de que los concejales traten la propuesta de Arcila sobre la Ley de Telecomunicaciones.