Asunción Frías, concejala de Sí se puede en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, pedirá explicaciones al responsable del área de Planificación Estratégica, Economía, Competitividad y Calidad Ambiental, Florentino Guzmán Plasencia, por lo que ha calificado de rotundo fracaso de las políticas municipales de formación y empleo, que han tenido como consecuencia la pérdida de subvenciones por una mala gestión y por el incumplimiento de parámetros relativos a resultados o a accesibilidad de los centros de formación, entre otros aspectos.
Frías ha pedido por escrito la comparecencia de Plasencia en la Comisión de Control de este mes, en la que le preguntará por qué la Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz no ha puesto remedio a los gravísimos problemas de accesibilidad del Centro Municipal de Empleo y Formación Ireneo González, lo que ha tenido como consecuencia que se le hayan denegado todas las solicitudes presentadas en 2013 y 2014 para cursos de Formación Profesional para el Empleo (FPE).
Para la citada comparecencia, Frías ha pedido expresamente que el edil socialista “explique los motivos por los que se le ha denegado en los últimos años al Ayuntamiento un porcentaje muy alto de las subvenciones solicitadas en materia de formación y empleo y ha tenido o tendrá que devolver próximamente, total o parcialmente, varias de las percibidas”.
Entre las devoluciones previstas figura una de 202.000 euros al Servicio Canario de Empleo por dos subvenciones para sendos proyectos en los que la Sociedad de Desarrollo planteó mal los objetivos de inserción que justificarían las ayudas, ya que estos eran muy elevados. A esos errores se suma el del proyecto Intégrate, subvencionado por la convocatoria de planes experimentales de empleo para 2014, que tampoco ha alcanzado los resultados programados, por lo que se prevé que pueda tener pérdidas.
Otra muestra de las malas prácticas políticas del área que coordina Plasencia está en una solicitud de subvención del Ayuntamiento para los planes experimentales de empleo para 2015, que fue rechazada por no haber entregado dentro del plazo un requerimiento realizado por el Servicio Canario de Empleo, lo cual supuso renunciar a 200.000 euros de ayudas para formar a setenta personas y lograr empleo para un tercio de ellas.