Asunción Frías, concejala de Sí se puede en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, volverá a pedir al grupo de gobierno, esta vez a través del Pleno, que reanude cuanto antes el servicio de información, orientación y asesoramiento jurídicos gratuitos a las personas usuarias y al personal de los servicios sociales municipales. Este recurso dejó de prestarse hace casi siete meses, cuando las tres trabajadoras que lo llevaban a cabo fueron despedidas.
Según Frías, el Instituto Municipal de Atención Social (IMAS) lleva todo este tiempo en una situación de enorme contradicción con el Plan Estratégico Municipal de Servicios Sociales al incumplir, como mínimo, una de sus seis líneas transversales, la relativa a “información, asesoramiento y orientación en el ámbito jurídico a todas aquellas personas que sean usuarias de los servicios sociales, así como al personal técnico de los diferentes programas que conforman el Servicio de Atención Social”.
En su moción, Frías pide garantizar que el servicio de información, orientación y asesoramiento jurídico continúe siendo público, gratuito y se ubique en los Centros Integrales de Servicios Sociales. La concejala recordó además la gran labor realizada por las tres trabajadoras despedidas, adscritas al Centro de Atención a Víctimas del Delito (CAVD), que era el departamento que asumía todas esas tareas de información, orientación y asesoramientos jurídicos, no solamente en el ámbito penal sino también en el civil, administrativo, social, etc.
Con su ausencia, los servicios sociales se han visto afectados considerablemente por no contar con este perfil profesional imprescindible y, por lo tanto, carecer de la necesaria interdisciplinariedad de los equipos para poder afrontar con garantías muchísimas problemáticas sociales. Pese a ello, el alcalde, José Manuel Bermúdez, no ha cumplido con su palabra de garantizar este servicio del modo que fuera. Esta afirmación la hizo después de rechazar una moción de Sí se puede en el Pleno del pasado mes de febrero en la que la organización proponía una fórmula para mantener el servicio.
La concejala volvió a insistir hoy en que el desmantelamiento del servicio, ocurrido el 2 de abril, “fue un enorme error político y social, además de una medida claramente injusta” y consideró grave que, “en vez de autoenmendarse, el grupo de gobierno continúe persistiendo en su error”.
Entre otras funciones, este recurso se encargaba de la iniciación de procedimientos judiciales y redacción de solicitudes de iniciación de oficio; acceso a Fiscalía, Juzgado de Guardia, Decanato, etcétera; protocolos de actuación en los diferentes procedimientos judiciales; información, asesoramiento y orientación en torno a los informes sociales a aportar a los diferentes procesos judiciales; elaboración de modelos de escritos a presentar en los juzgados; y aclaración de notificaciones judiciales, requerimientos, citaciones etcétera.