Antonio Cabrera, concejal de Sí se puede en el municipio sureño, considera que el expediente del puerto de Granadilla continua “al estilo Berlusconi”, ya que el Alcalde, Jaime González Cejas, “cuando la norma o la ley le impide seguir adelante con dicho proyecto, lo que hace es cambiarla”.
El edil ecosocialista cree que en el proceso que se ha seguido con el puerto de Granadilla se ha realizado una acomodación intencionada de leyes y normas, el ejemplo más sangrante en este sentido ha sido la modificación de la Ley de Espacios Naturales, pero también lo vemos en la modificación del PGO municipal, así como, “la propuesta que hicieron en su momento de poner en marcha un procedimiento para que nadie del ámbito de la Universidad y ningún centro especializado en este tipo de temas participara, una verdadera aberración”.
Cabrera opina que el Ayuntamiento ha tenido información en todo momento del proceso y que actualmente “articula el procedimiento para que no participe nadie, porque no quieren que se lo bloqueen”. Al final, según denuncia el concejal de Sí se puede, “si los sebadales tienen categoría de protección, pues lo quitamos fuera del ámbito y seguimos adelante, reduciendo el límite de protección que había para que no afectara a la construcción del dique”.
Con respecto a las extracciones ilegales de piedras y áridos destinados a la obra el puerto de Granadilla, el portavoz de Sí se puede ve muchas similitudes con las anteriores acciones institucionales. Antonio Cabrera asegura que “el Ayuntamiento sabe perfectamente, y además la normativa lo recuerda, que todo lo que sea el tratamiento de materiales para relleno en el dique del puerto tiene un procedimiento de autorización y como les fracasó el proyecto de ampliación de la segunda pista del aeropuerto del Sur, que era de donde ellos pensaban extraer el relleno, y ha quedado paralizado, pues ahora han empezado a picotear el Sur de la isla de una manera increíble”.
Desde Sí se puede afirman que para esquivar la legalidad vigente el procedimiento ha sido no hacer un proyecto, porque todo este tipo de extracciones es competencia de calificación territorial del Cabildo, “usando las licencias para abancalamiento de forma absolutamente irregular, algo que el mismo concejal puede dar sin expediente ni permisos”.
Al parecer el Cabildo ya ha denunciado también al Ayuntamiento porque no tienen la calificación territorial, ya que la institución insular es la competente en esta materia. Sin embargo en el Ayuntamiento saben que si se inicia un expediente tardaría un tiempo y están tratando de acelerar el proceso, en coordinación con los propietarios de los lugares y espacios donde se quiere extraer dicho material.
Antonio Cabrera recuerda finalmente que, según el Seprona, en el Sur hay aproximadamente 30 canteras ilegales que están suministrando materiales para el dique del puerto de Granadilla. Esta irregularidad, que se suma a la destrucción que está suponiendo para el litoral granadillero y el peligro para las especies que lo habitan, algo que está siendo investigado por los abogados de la organización y diversos técnicos, para sumarla a la denuncias presentadas por las organizaciones ecologistas. El concejal considera que “esta obra demuestra que los intereses del cemento son capaces de todo para lograr sus objetivos, mientras que los proyectos sostenibles y de futuro son bloqueados a toda costa por los representantes políticos de las constructoras”