Pedro Fernández Arcila y Asunción Frías, concejales de Sí se puede en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, advierten una enorme ligereza en el contenido del escrito por el que la Fiscalía de Santa Cruz de Tenerife ha decidido archivar la denuncia que ambos ediles presentaron en junio de 2013 por el presunto fraude del padrón municipal de la capital tinerfeña, que pasa por ser uno de los mayores escándalos que ha vivido la ciudad. Por todo ello, los concejales han decidido presentar una nueva denuncia de los mismos hechos ante el Juzgado de Instrucción.
Concretamente, los ediles creen que desde el momento en el que el fiscal vio indicios de delito, como se reconoce en el escrito, debió remitir el caso al Juzgado, en lugar de argumentar que “no se puede saber con la precisión que exige el derecho penal la autoría de tales hechos”. Arcila, abogado además de concejal, considera especialmente grave este razonamiento, pues es precisamente al Juzgado, y no a la Fiscalía, a quien corresponde determinar la autoría.
Además, el fiscal señala por una parte que algunos de los presuntos delitos eran continuados, pero a renglón seguido añade que ya han prescrito; sin embargo, no indica en su escrito en qué momento cesaron esos delitos continuados, por lo que los denunciantes –Arcila y Frías– no pueden saber en qué se basa el fiscal para afirmar que estos actos presuntamente delictivos han prescrito.
Igualmente, Arcila y Frías se muestran extrañados porque, a pesar de estar incluida en su denuncia, el fiscal ignora la desaparición del archivo municipal de las hojas padronales correspondientes a 6.907 inscripciones, lo que podría conllevar un delito no prescrito de infidelidad en la custodia de documento público.
Los concejales de Sí se puede tampoco entienden que el fiscal se remita a la regulación de los agentes censales del año 1995 como causa del fraude inicial, dado que, de ser así, las supuestas irregularidades que cometieron los agentes como consecuencia de esa regulación se habrían dado de manera masiva en todos los municipios del Estado español, cosa que no ocurrió.
Brunetto
Además, los denunciantes afirmaron hoy no salir de su asombro al comprobar que el fiscal incluye como información relevante para el archivo de la causa la aportada por el director general de Ordenación y Régimen Interno del Ayuntamiento, Joaquín Vicente Castro Brunetto, cuando son de sobra conocidas sus acciones cuando menos sospechosas dentro del Consistorio como mano derecha del exalcalde Miguel Zerolo, hasta el punto de que es una pieza clave en la trama de acciones que han llevado al Tribunal Supremo a querer juzgar a Zerolo por el caso García Cabrera.
En relación con este asunto, el Alto Tribunal señaló lo siguiente acerca de la actuación de Brunetto: “Los informes producidos para generar una artificial discrepancia se producían por quien ostentaba un cargo de confianza en cuanto director general que aceptó su confección y suscripción a pesar de la ilegalidad de la actuación que los reparos de la Intervención debían suspender”.
Al margen de todas estas consideraciones, en el escrito de la Fiscalía hay errores objetivos, tales como la afirmación de que la primera comunicación sobre la existencia de irregularidades en el padrón al Ayuntamiento fue del 26 de julio de 2011, pues a Sí se puede le consta que hay comunicaciones del Instituto Nacional de Estadística (INE) en ese sentido, al menos, desde marzo de 2010. Además, la Fiscalía no analiza el conocimiento de las irregularidades en el padrón entre 1997 y 2013 y las actuaciones municipales para ocultarlo.