En la asamblea abierta del comité local de Alternativa Sí se puede en Arona, celebrada este sábado, se aprobó una declaración en la que se exige que se deje de pagar el sueldo a los ediles de la actual junta de Gobierno en ese Ayuntamiento procesados por el “Caso Arona”. Entre los mismos se encuentra el propio alcalde, José Alberto González Reverón, al que se le imputan un delito de prevaricación urbanística continuada, otro delito de prevaricación y otro de tráfico de influencias.
Durante la asamblea que Sí se puede celebró en la plaza de La Paz de Arona también se denunció el pago con fondos públicos de la defensa jurídica de toda la Junta de Gobierno anterior y del propio alcalde. Según Julio Concepción, secretario del comité local de la organización ecosocialista, “es absolutamente injustificable que unos responsables políticos utilicen dinero de las arcas municipales para el pago de sus letrados”.
Actualmente vinculadas con el “Caso Arona” están procesadas una treintena de personas, entre las que cabe destacar al propio alcalde del municipio, que el pasado año pagó unos 60.000 euros en su defensa legal.
En septiembre de 2010 la Junta local aprobó igualmente el gasto de 81.900 euros para las defensas de Manuel Reverón González (CC, acusado de prevaricación y tráfico de influencias); Clara María Pérez (CC. Prevaricación y tráfico de influencias); Antonio Luis Sosa (CC. Portavoz del grupo municipal de este partido, acusado de un delito de prevaricación y tráfico de influencias, y otro delito de malversación de caudales públicos), y María Candelaria Padrón (CC, Prevaricación, tráfico de influencias y omisión del deber de denunciar delitos). También Manuel Barrios, de Centro de Arona (CAN-CCN), ex concejal de urbanismo ha utilizado los fondos públicos para pagar a sus abogados.
Sí se puede también denunció en la asamblea de este sábado “el silencio cómplice de todas las formaciones políticas en relación a uno de los casos de corrupción política más sonados del Estado. La gravedad del asunto requiere de una pronunciación ante los medios de comunicación social y ante los ciudadanos, lo que no han hecho ni CC, ni PP ni CAN. Y aunque sea porque hay un consejero procesado (José Luis Delgado), el PSOE también debería pronunciarse”.
Concepción asegura que en su formación “no se explican como la dirección de Coalición Canaria y su presidente Paulino Rivero, no se han pronunciado ante los nuevos acontecimientos judiciales, tomando medidas en el asunto, demostrando un importante grado de complicidad con los imputados.
Para Sí se puede en Arona “es importante generar procesos de conciencia crítica en la ciudadanía. El “Caso Arona” es un ejemplo del porque los ciudadanos tenemos que involucrarnos en los asuntos públicos (como así reconoce la Ley de bases de régimen local). La construcción de una ciudadanía activa es una excelente base para una democracia real y transparente. Los ciudadanos tenemos que estar informados, participar y decidir en la política municipal”.
Finalmente en la organización de izquierdas quisieron reconocer la labor del concejal José Antonio Reverón, hoy en Ciudadanos por Arona, “cuya labor en pro de los derechos democráticos del pueblo aronero ha permitido que este caso haya salido a la luz y su trabajo se ha visto recompensado con el tiempo, ya que los hechos judiciales le han venido a dar la razón”.