Después de casi dos años de reclamaciones, preguntas al pleno y a la Comisión de Control y otras acciones en el seno del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Sí se puede ha logrado por fin que el servicio de recaudación municipal en periodo voluntario vuelva a estar en manos del consistorio, tal y como establece la ley, con lo que se pone fin a una ilegalidad que se prolongaba desde hace veinte años y que ha sido calificada en varias ocasiones como tal por el interventor de la corporación.
El concejal de Hacienda de Santa Cruz, Alberto Bernabé, respondió por escrito sobre este extremo a Pedro Fernández Arcila, edil de Sí se puede, en el pleno del pasado viernes tras una pregunta de la organización ecosocialista. Según Bernabé, la recaudación voluntaria pasó a ser gestionada por el tesorero del Ayuntamiento el pasado 11 de marzo como fase previa a la recuperación definitiva del servicio, como venía reclamando Sí se puede desde el inicio del presente mandato. A partir de ahora el partido velará por el cumplimiento efectivo del compromiso anunciado.
La primera iniciativa de Arcila sobre este asunto se produjo en el pleno de julio del año 2011, cuando preguntó por este asunto al concejal de Hacienda. La pregunta fue reiterada en la Comisión de Control de noviembre de ese año y en la de abril de 2012, pero en ninguno de los casos se obtuvo una respuesta clara por parte del grupo de gobierno.
La recaudación volvió a ser tratada en el pleno del 12 de noviembre de 2012, cuando Sí se puede explicó los motivos de su voto contrario a un reconocimiento extrajudicial de crédito para pagar al recaudador privado. En esa ocasión, Bernabé comunicó que en la Junta de Gobierno de ese mismo día se había iniciado el expediente para municipalizar el servicio, un proceso que ha dado su primer paso con evidente retraso –cuatro meses después–, aunque Arcila aplaude que por fin la corporación haya tomado medidas para volver a la legalidad.
La gestión del cobro de impuestos municipales en periodo voluntario fue subcontratada a una empresa privada hace veinte años de manera temporal. Sin embargo, esa temporalidad perdió su naturaleza desde el momento en que se ha prolongado en el tiempo, por lo que el propio interventor municipal ha emitido varios informes en los que ha advertido de la irregularidad. La ley contempla que esta labor debe ser desarrollada por funcionarios con habilitación de carácter estatal, condición que cumple el tesorero.
Pérdidas millonarias
El hecho de que esta gestión haya estado en manos privadas durante tantos años ha obligado al Ayuntamiento a abonar cantidades millonarias a la empresa que hasta ahora se encargaba del cobro. Concretamente, esta sociedad asumía hasta el pasado 11 de marzo el 70% del total de la recaudación, un trabajo por el que se llevaba una comisión de aproximadamente un 4%. En el caso del ejercicio de 2010, este porcentaje ascendió a unos tres millones de euros que el consistorio pudo haberse ahorrado si el servicio hubiera estado en manos públicas.