Sí se puede preguntará al grupo de gobierno en el pleno del próximo viernes si la Empresa Mixta de Aguas de Santa Cruz de Tenerife (Emmasa) le ha informado, como legalmente debe hacer, de los vertidos de aguas sin depurar que viene llevando a cabo al menos desde el año 2007 en la zona de La Hondura. En caso negativo, los concejales de Sí se puede quieren saber si el grupo de gobierno cree que esta actuación pudiera ser constitutiva de una infracción muy grave que podría conllevar la resolución del contrato, al haber ocultado Emmasa esa información.
Sí se puede también quiere saber si con los vertidos de La Hondura, Emmasa ha incurrido en un cese de la prestación del servicio de depuración a que está obligada.
De los datos publicados por Emmasa en su web se deduce claramente que la empresa mixta está vertiendo, al menos desde el 2007, una cantidad aproximada de 20.000 metros cúbicos diarios de aguas residuales sin el tratamiento legalmente exigible. Este vertido se realiza desde la estación de Cabo Llanos, a través del emisario submarino de Los Llanos, hacia las aguas marítimas de la zona conocida como La Hondura.
Este incumplimiento de la normativa en materia de vertidos está ocasionando un grave daño ambiental dada la cantidad de agua vertida sin depurar y el largo periodo de tiempo que se viene realizando, lo que ha llevado a que la Fiscalía interpusiera en el año 2008 una denuncia ante el juzgado de instrucción por un presunto delito contra el medio ambiente.
El concejal de Sí se puede Pedro Fernández Arcila considera que estos hechos suponen un claro incumplimiento del servicio de gestión encomendado por el Ayuntamiento de Santa Cruz, en este caso la depuración de las aguas residuales, tal y como establece el artículo 5 del pliego de cláusulas administrativas particulares y prescripciones técnicas para la adquisición de acciones de la empresa municipal de aguas.
Por todo ello, Sí se puede quiere saber si Emmasa ha informado al Ayuntamiento de los citados vertidos a través de los informes que debe presentar en el primer semestre de cada año, o bien por alguna otra vía, y en tal caso cuáles han sido las medidas que ha adoptado el grupo de gobierno para evitar estos vertidos contrarios a la normativa ambiental.
En el supuesto de que la empresa no haya comunicado esos datos de manera oficial, Arcila pregunta si el grupo de gobierno considera que esta actuación pudiera ser constitutiva de una infracción muy grave que podría conllevar la resolución del contrato por ocultación de datos.
Arcila ha indicado que la actividad de Emmasa y sus relaciones contractuales con el Ayuntamiento de Santa Cruz serán objeto de especial seguimiento por parte de Sí se puede durante los próximos cuatro años. “Se trata de un servicio fundamental para la ciudadanía y para el municipio –señala Arcila–, por lo que si la empresa no está en condiciones de llevarlo a cabo, el Ayuntamiento tiene la obligación de asumir nuevamente sus competencias”.