La denuncia firmada por Mayca Coello, concejala de Sí se puede en Candelaria, que estuvo acompañada por varias personas más de su comité, se presentó ante la Fiscalía Especial para la Represión de los Delitos Económicos Relacionados con la Corrupción y va contra las personas que resulten responsables de las acusaciones formuladas.
Los hechos denunciados están relacionados con las licencias de obras concedidas en el año 2004 por el Ayuntamiento de Candelaria a Promotora Punta Larga (PPL) y Carlacand (propiedad de una hija del dueño de PPL) para la construcción de cinco edificios de tres plantas de altura en la Rambla de Los Menceyes que posteriormente se incrementaron, en base a los denominados convenios de cuarta planta, suponiendo unas sustanciales modificaciones sobre los proyectos inicialmente previstos (el proyecto se incrementó en 137 viviendas, 7 garajes y 48 trasteros de más).
En el año 2010, el Ayuntamiento de Candelaria acordó las liquidaciones propuestas por el Servicio de Gestión Tributaria que consistían en diferentes liquidaciones por las licencias de Primera Ocupación, las licencias urbanísticas del reformado de las obras y el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), tramitándose tanto liquidaciones definitivas referidas a las obras del edificio inicialmente proyectado y como liquidaciones provisionales las referidas a los proyectos de reforma por las que se ampliaba una planta y en ocasiones plazas de garaje o locales.
A día de hoy se desconoce si estas tasas se ingresaron pero, aún así, en el año 2010 las constructoras recurrieron estos decretos al no estar conformes con el criterio con que se había calculado la base imponible. Recursos que ganaron, en la mayoría de los casos, ya que las tasas de licencia debían determinarse por el coste real y efectivo de la obra y no sobre otros criterios como, incorrectamente, había fijado el Ayuntamiento o, en lo referente al ICIO, aplicando la Ordenanza municipal de 2003 y no la de 2006 por considerar que el devengo del impuesto se había producido en 2004. La fijación de ese año como fecha del devengo es de muchísima importancia a los efectos de conocer el inicio del plazo de la prescripción.
En todo caso, la cantidad no recaudada por estos conceptos a la empresa Carlacand y Promotora Punta Larga supera al millón de euros, (1.005.875,29 euros en concepto de ICIO y 153.082,65 euros en concepto de licencias urbanísticas) tal y como figura en las Cuentas Generales del Ayuntamiento del año 2010, 2011 y 2012 que se reflejan como saldos de dudoso cobro.
A la vista de esta situación y temiendo que estos saldos de dudoso cobro fueran declarados prescritos, la concejala de Sí se puede tomó diversas iniciativas como solicitudes de información, mociones y preguntas al Pleno que invariablemente fueron rechazadas y denegadas por el grupo de Gobierno municipal que en todas las ocasiones en que se les instó a resolver esta situación no fueron capaces de responder satisfactoriamente.
Es en septiembre de 2013 cuando, a pesar de que anteriormente habían afirmado que en breve se cobraría, se responde a la concejala de Sí se puede que no se habían practicado las liquidaciones ya que el informe que había emitido el Área de Urbanismo no era ajustado a las indicaciones precisas de las sentencias del Juzgado de lo Contencioso Administrativo que habían motivado la nulidad de las anteriores liquidaciones.
La denuncia presentada se basa en la deducción de que desde el grupo de Gobierno del Ayuntamiento de Candelaria se ha urdido una trama con el ánimo claro de promover que estas empresas eludan sus obligaciones tributarias, retrasando de manera consciente el inicio del cobro de estos tributos, pretendiendo ocultar mediante argumentos falaces que el verdadero interés que les mueve es que el Ayuntamiento no recaude unos ingresos que hubieran supuesto para las arcas municipales una cantidad superior al millón de euros.
Esta tramitación, al contrario que idénticas tasas o impuestos giradas a otros administrados, ha sido aletargada conscientemente, provocando una dilación absolutamente irregular en cuanto al tiempo con el deseo de facilitar el impago de estos tributos que ahora se encuentran calificados de dudoso cobro y que, a la fecha de presentación de la denuncia, puedan haber prescrito, haciendo imposible su cobro.
Al momento de presentar esta denuncia el Ayuntamiento de Candelaria todavía no ha elaborado las liquidaciones y, por tanto, no ha pasado al cobro los tributos referenciados.