Sí se puede reclama al actual alcalde de Granadilla, Jaime González Cejas, que deje ya la alcaldía del municipio del sur de Tenerife. “Tendría que marcharse inmediatamente”, señaló este viernes en rueda de prensa Antonio Cabrera, miembro de la organización ecosocialista y concejal de esta formación en el Ayuntamiento de Granadilla en el periodo 2007-2011.
Cabrera destacó también que el auto en el que la Audiencia Provincial ratifica los cargos por los que se investiga a Cejas y al grupo socialista en el gobierno municipal entre 2003 y 2007 “es fruto de la insistencia de Sí se puede, porque hemos mantenido la acusación particular y por el recurso que presentamos ante la Audiencia cuando fue rechazada la imputación en el primer escalón del proceso”.
“Ha sido un enorme placer llevar al banquillo a Jaime González Cejas, creemos que ha sido el gran cacique del sur de la Isla”, aseguró en el acto informativo el abogado Pedro Fernández Arcila, miembro de Sí se puede y letrado del caso que se ha hecho cargo de esa acusación particular y del recurso citado.
“A Sí se puede nos cabe la satisfacción de haber dado el primer paso y quizá el definitivo para tumbar al gran cacique que ha significado Jaime González Cejas”, dijo Arcila. A juicio de Cabrera, “hay indicios claros, estamos hablando de cosas serias, los hechos no tienen vuelta de hoja”.
El letrado detalló que los cargos por los que se investiga a Cejas y su grupo municipal en el citado periodo son “malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, prevaricación y prevaricación en la ordenación del territorio”, para Arcila, “el caso de mayor corrupción en Tenerife quitando el Caso Arona, que es inigualable, y, desde luego, el mayor en el sur de la Isla”, aunque habría sido mayor, de haberse ejecutado, el Plan Parcial de Las Tabaibas, que se logró parar.
El abogado destacó que el auto de la Audiencia Provincial “recoge completamente cinco años después, de manera contundente, todos los elementos del recurso tanto de Sí se puede como del fiscal y se abren nuevas puertas” para otras denuncias referidas a las subvenciones en el área de Cultura y en las licencias de las placas fotovoltaicas en el municipio sureño, “algo muy importante, porque puede tener alcance insular”.
Cejas, según el abogado de la acusación particular, “ha hecho a sus anchas lo que le venía en gana, saltándose cualquier normativa y reglamento, pensando en su interés personal, en el interés de aquellos grupos que lo mantenían y en el de aquellas personas que entendían que se accedía a la política para ganar dinero y no para beneficio de la comunidad”. El letrado destacó un párrafo del auto de la Audiencia Provincial en el que se afirma claramente que existe “un contubernio entre los intereses políticos e intereses económicos y personales con la complicidad de algunos concejales del Ayuntamiento de Granadilla y de todo el equipo que gobernaba este ayuntamiento”.
Desde el punto de vista de Sí se puede, dijo Arcila, “en gran medida esto tiene que ver con el gran momento del desarrollo urbanístico, en el que ya sabemos en aquella época la manera cómo gestionaban los regidores municipales los asuntos de interés público… empresas donde estaban concejales como administradores solidarios, empresas donde estaban familiares de políticos que decidían en las juntas de gobierno la tramitación de licencias, el impulso de los planes parciales…, nada nuevo de lo que se sabía que pasaba en el sur de la isla, pero que entre 2007 y 2011 tuvimos la suerte de tener de concejal a Antonio Cabrera en el área de Medio Ambiente con la intención de limpiar el municipio de Granadilla, como así ha sido”.
Por último, Arcila destacó que la resolución de la Audiencia Provincial se tomó sin añadir pruebas diferentes a las que ya había analizado el juzgado de Granadilla, que, además, fue muy lento en alcanzar sus conclusiones.
Cabrera concluyó señalando que Sí se puede, como formación política nueva surgida de los movimientos ciudadanos, mantiene entre sus principales señas de identidad el objetivo de la la regeneración democrática, para que “las instituciones sean transparentes, porque al gestionar recursos públicos deben atender los intereses generales”.