El concejal de Sí se puede en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Pedro Fernández Arcila, ha expresado su satisfacción porque el gobierno municipal haya iniciado los trámites para recuperar la gestión del servicio de recaudación voluntaria, irregularmente en manos privadas desde hace dos décadas.
Esta decisión se conoció en el pleno del pasado 12 de noviembre, a partir de una intervención de Arcila en la que justificó el voto contrario de la organización ecosocialista a un reconocimiento extrajudicial de crédito para pagar al recaudador privado deudas atrasadas. A raíz de esta argumentación del edil de Sí se puede, el concejal de Hacienda, Alberto Bernabé, comunicó que en la Junta de Gobierno de esa misma mañana se había iniciado el expediente para municipalizar el servicio de gestión y cobro de tributos municipales en periodo voluntario.
Arcila considera que esta medida es fruto, en gran parte, de la labor de oposición de Sí se puede y recuerda que desde el primer pleno ordinario de este mandato, en julio de 2011, instó al alcalde para que resolviese la situación ilegal del servicio de recaudación, una de las mayores irregularidades con las que se enfrentaba la nueva corporación.
La formación ecosocialista ha insistido constantemente desde entonces en la urgencia de acabar con esa flagrante ilegalidad mediante preguntas, solicitudes de comparecencia e intervenciones en muchas de las comisiones de control y plenos celebrados en el último año y medio. Además, los concejales de Sí se puede han mantenido desde su llegada al ayuntamiento diversas reuniones con miembros del equipo municipal de Hacienda, encabezado por Bernabé, para conocer los pasos que se estaban dando e impulsar que la gestión del servicio de recaudación volviese a manos públicas.
La gestión del cobro de impuestos municipales en periodo voluntario fue subcontratada en Santa Cruz a una empresa privada hace 20 años de manera temporal. Sin embargo, en la actualidad esta empresa se sigue encargando del 70 % del total de la gestión recaudatoria. Por esta labor, la empresa se embolsa una altísima comisión, lo que se traduce en tres millones cuatrocientos mil euros en los presupuestos de 2012.
Múltiples informes del interventor y del tesorero de la corporación, de la Audiencia de Cuentas y del Diputado del Común han puesto de manifiesto en los últimos años la irregularidad de la situación, dado que la potestad recaudadora debe ser ejercida por un funcionario con habilitación de carácter estatal, tal como queda claramente establecido en la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas de modernización del gobierno local, más conocida como Ley de Grandes Ciudades.
Sí se puede ha insistido en que, además del incumplimiento de la ley, es inadmisible que el Ayuntamiento deje escapar cantidades de dinero tan altas en estos tiempos de crisis, por lo que, según Arcila, “es una gran noticia que a partir del año 2013 se produzca ese importante ahorro para las arcas municipales”.
Además, el concejal ecosocialista reclama que se respeten los derechos laborales adquiridos por los trabajadores del servicio de recaudación y que, por tanto, el Ayuntamiento los asuma como personal propio. Esta medida, además de respetar estos derechos, facilitará que la transición se realice con las suficientes garantías.