Sí se puede ha presentado un recurso contencioso administrativo con el objetivo de anular el proceso de adjudicación de la gestión de las actividades deportivas en Arico, al tiempo que invita al Ayuntamiento del municipio del sur de Tenerife a reflexionar sobre los pasos que ha dado en este sector, con el fin de reconducir la prestación del servicio fuera del ámbito empresarial.
El proceso de adjudicación previsto en Arico se engloba dentro del marco de privatizaciones que ha llevado a cabo el Partido Popular (PP) en todo el Estado. Este tipo de medidas, en el municipio, puede dar lugar a que se vean abocados al paro monitores de prestigio de varias modalidades deportivas con los que cuenta el municipio –algunos con grandes éxitos a nivel nacional–, como el judo, o de deportes autóctonos y tradicionales, como la lucha canaria o el garrote.
La formación ecosocialista considera que “es un grave error no contar con los clubes y entidades deportivas municipales para la gestión, divulgación y formación”, señala Sebastián Martín, concejal de Sí se puede en Arico. A juicio de Martín, el Ayuntamiento puede gestionar el deporte de otra manera, con los monitores de estas entidades deportivas, “sin necesidad de entregar la gestión a empresas privadas”.
Además de esta propuesta para mantener el carácter público de la gestión, Sí se puede ha presentado el recurso contencioso administrativo con el fin de señalar las irregularidades detectadas en el pliego de condiciones que sustenta la decisión de la adjudicación, que ha recaído sobre una empresa privada ajena al municipio. El proceso que se inicia con la presentación de este recurso da al grupo de gobierno la oportunidad de reconsiderar las condiciones en las que se gestionan las actividades deportivas y revertir el proceso de privatización.
El plan del área municipal de deportes, gestionada por el concejal del PP Andrés Martínez, consiste en entregar la gestión de las actividades deportivas que corresponden al Ayuntamiento a una empresa privada de fuera del municipio, a la que se prevé entregar 128.397,86 euros (impuestos incluidos), por la prestación de 72 horas, según el pliego de condiciones anunciado en el nº 143 del Boletín Oficial de la Provincia, que en fecha del 13 de noviembre de 2015 publicó un acuerdo de la Junta de Gobierno municipal del 15 de octubre de ese año, en el que se aprobó el expediente de contratación del servicio.
Llama la atención que en ninguno de los apartados del Pliego de prescripciones técnicas se establece si esas 72 horas valen para el primer año o para los dos años de contrato previstos. Tampoco se fija la distribución de las actividades deportivas en las semanas y meses del año. Esta falta de detalle deja en manos de la empresa adjudicataria la decisión final sobre las condiciones en las que se presta finalmente el servicio.
Igualmente, el documento que fija las condiciones técnicas no expresa la advertencia de la prohibición de establecer tarifas o precios a las personas usuarias por participar en las actividades deportivas, ya que “se da por hecho que en el presupuesto que pagaría el Ayuntamiento a la empresa adjudicataria ya se cubren todos los gastos de las actividades y no tendría que suponer un gasto adicional”, apunta el concejal.
Además, no se definen el objeto concreto del contrato ni criterios objetivos de valoración de los periodos de tiempo de la prestación del servicio, lo que choca con todos los principios rectores de la contratación del sector público exigidos por la ley.
Sí se puede destaca que el citado acuerdo de la Junta de Gobierno mencionado en el BOP se adoptó sin haber informado al pleno de la corporación, ni a las comisiones informativas, ni muchos menos a los grupos municipales de la oposición. “Todas estas circunstancias dan lugar a la necesidad de anular el procedimiento de adjudicación del servicio y crean la oportunidad de gestionarlo de otra manera”, concluye el concejal ecosocialista.