Sí se puede apoya la lucha por el derecho a la vivienda que impulsa la ciudadanía del sur de Tenerife, donde conseguir un alquiler accesible es cada vez más difícil. La organización ecosocialista se hace eco de las exigencias de la Plataforma Montaña Clara a los ayuntamientos de Arona, Adeje y Granadilla, a los que recientemente reclamó la adopción de medidas concretas para resolver los gravísimos problemas habitacionales que se manifiestan en un territorio que, hasta el estallido de la pandemia, ha sido donde mayor número de desahucios se han producido y el precio del alquiler es de los más altos de Canarias.
La coportavoz de la Asamblea Local de Sí se puede en Arona, Loly Corrales Salguero, destaca la importancia vital de las políticas municipales para que no se ejecuten desahucios sin alternativa habitacional, y las familias y menores sean valorados por los Servicios Sociales. A juicio de Sí se puede, asegura la portavoz, “es una vulneración de los derechos humanos el que se sigan ejecutando desahucios y se obliga a las familias a vivir en la calle”.
En este sentido, Corrales Salguero destaca que “es imprescindible la coordinación de estos ayuntamientos con el Gobierno de Canarias; es importante recordar que el Cabildo adoptó en 2016 un acuerdo para declarar Tenerife como isla libre de desahucios”. Sí se puede ve necesaria la creación de la Unidad Contra la Exclusión Residencial (UCER), con el objetivo de trabajar para evitar la exclusión residencial, el sinhogarismo y la ejecución de desahucios a familias y menores sin alternativa habitacional.
Asimismo, Sí se puede considera que es urgente establecer políticas para recuperar el uso de viviendas vacías en manos de entidades financieras: “es incomprensible que, en esta situación de emergencia social, con las dificultades para acceder a un alquiler, a las que se suman los efectos sanitarios y económicos de la pandemia, haya miles de viviendas vacías en la Isla, algunas de titularidad pública y, la mayoría, propiedad de los bancos y sus empresas filiales”.
Por este motivo, la organización ecosocialista exige la puesta en marcha de “auténticas políticas con enfoque social en materia de vivienda y la regulación de las viviendas de uso vacacional, un factor que encarece el coste de los alquileres y que tensiona la vida en el sur de Tenerife”, apunta la portavoz.
Sí se puede recuerda que el disfrute de una vivienda digna es un derecho humano, tal como establece Naciones Unidas, y es un derecho consagrado por la Constitución. Finalmente, Corrales Salguero rechaza la “falsa campaña contra la ocupación, que solo es una respuesta por anticipado a la nueva crisis de impagos de hipotecas y alquileres, que está a punto de estallar a raíz de las consecuencias económicas de la pandemia, que ha paralizado y reducido a la mínima expresión la vulnerable y dependiente estructura económica de Tenerife”.