Sí se puede pide al gobierno municipal de Candelaria un compromiso para regularizar la situación de Los Menceyes, donde muchas familias desde hace años residen en las viviendas de esta urbanización con incertidumbre e indefensión en relación a la propiedad de sus casas. Con este fin, la portavoz del grupo de la organización lleva al pleno este miércoles, 31 de octubre, una moción en la que se hace eco de las peticiones vecinales en este sentido.
Coello plantea la necesidad de elaborar con medios propios del Ayuntamiento o externos los informes técnicos necesarios que estudien la situación urbanística y jurídica de las viviendas de Los Menceyes para que el gobierno municipal acometa las actuaciones necesarias que permitan regularizar su situación administrativa y registral. La urbanización es titularidad del Ministerio, pero el Ayuntamiento puede hacer de intermediario y propiciar un cambio en la situación favorable al reconocimiento de los derechos ciudadanos.
Sí se puede ha decidido tomar la iniciativa en este caso después de que el gobierno no haya dado una respuesta ni haya reaccionado ante la consulta sobre el caso presentada por su grupo en mayo pasado. “Hemos decidido trasladar esta moción al pleno con la finalidad de clarificar la situación existente y propiciar una gestión municipal que contribuya a la regularización”, explica Coello.
“Algunas familias están preocupadas y se sienten indefensas ante una situación de la que no son responsables y viven con incertidumbre la suerte que van a correr en un asunto tan importante como la vivienda después de que han cumplido con sus obligaciones a la hora de comprar sus casas”, asegura la concejala.
Coello recuerda que integrantes del grupo municipal de Sí se puede en el Ayuntamiento de Candelaria y de su Asamblea Local visitaron en mayo pasado la urbanización Los Menceyes. En esa ocasión, tuvieron la oportunidad de conocer de primera mano la situación que se deriva de la inexistencia de escrituras que acrediten la titularidad de la propiedad de las viviendas a pesar de estar efectivamente pagadas.
Igualmente, tanto la urbanización como las casas carecen de referencia catastral y tampoco existen documentos acreditativos de la división horizontal de la propiedad ni algún tipo de reconocimiento de la propiedad adquirida. En consecuencia, a pesar de que los vecinos y vecinas que se encuentran en esta situación pagan las tasas correspondientes a los servicios públicos, no han podido cumplir con el abono de impuestos específicos relativos a la propiedad, como el IBI.