Unid@s Se Puede El Sauzal (USPES) exige la paralización definitiva del inicio de las obras de la urbanización Parque del Atlántico, en el municipio del norte de Tenerife. El grupo de la confluencia municipalista en el Ayuntamiento considera que, en el informe emitido por el Consejo Insular de Aguas de Tenerife, en respuesta a una de las alegaciones del recurso de reposición interpuesto por USPES, “ha quedado acreditado el carácter público del Barranco Hoya de Las Limeras, además de existir terrenos de titularidad pública aguas abajo y aguas arriba de la urbanización. Por lo tanto, no queda otra medida que hacer definitiva esta paralización”, asegura la concejala de USPES Sonia Beltrán de Guevara.
“Confiamos en que la resolución del recurso interpuesto por USPES sea estimada por el pleno del Ayuntamiento de El Sauzal de manera inmediata”, añade Beltrán. Entre la información entregada por el Consejo Insular de Aguas de Tenerife (CIATF) “queda acreditado que el barranco no atraviesa exclusivamente terrenos privados y, por tanto, tiene carácter público”, insiste la concejala. Así, en el citado informe se asegura que la situación de los terrenos “aguas abajo” corresponden a la cesión gratuita fruto del convenio urbanístico del Ayuntamiento y la inmobiliaria Las Breñas S.A., y se refieren a dos parcelas situadas por encima de la carretera de las Breñas. Sin embargo, el terreno “aguas arriba” se refiere a una parcela del convenio urbanístico con la promotora de la Urbanización de la Baranda y que consta en el catastro como parcela municipal.
USPES presentó en noviembre de 2018 un recurso contra el acuerdo plenario del Ayuntamiento de El Sauzal por el que se aprobó de forma definitiva el Convenio para la creación de la Urbanización Parque Atlántico. Las razones de USPES apuntaban a que esta intervención afectaría al Barranco Hoya de Las Limeras, un espacio catalogado como dominio público hidráulico perteneciente al CIATF, algo que no tuvo en cuenta el pleno del Ayuntamiento para tomar su decisión.
Por ello, el alcalde resolvió paralizar cautelarmente las obras por un plazo de tres meses, que comenzó a contar el pasado 15 de noviembre. “Es imprescindible cumplir las normas relacionadas con el uso de los barrancos y otras directrices medioambientales para el dominio público hidráulico”, asegura Beltrán, quien destaca “el gran malestar entre las personas residentes en el entorno, especialmente, en la urbanización La Baranda, hasta el punto de que la asociación vecinal representativa ha presentado una denuncia ante el SEPRONA basada en nuestra iniciativa”.
Otro de los motivos de USPES para pedir la paralización de las obras reside en que la entidad promotora pretende ceder al Ayuntamiento para uso como espacios libres y dotacionales, las citadas parcelas que están ubicadas en este dominio público y que, sorprendentemente, no son de su propiedad, sino del propio Consejo Insular.