Unid@s Se Puede El Sauzal (USPES) exige responsabilidades políticas al alcalde y al concejal de Hacienda por la intervención del Ayuntamiento por parte del Ministerio de Hacienda a raíz el incumplimiento del Plan Económico-Financiero impuesto hace dos años. “La nefasta gestión del gobierno de CC obliga a El Sauzal a someterse a una penalización de 300.000 euros, que se recortarán del presupuesto de 2019 y que se concretan en el sacrificio de cinco puestos de trabajo que el gobierno había ofrecido para este año, entre ellos el de un nuevo agente de policía justo cuando la oleada de robos en viviendas y negocios es muy preocupante”, afirma Sonia Beltrán de Guevara, concejala de la confluencia municipalista,
Beltrán reacciona de esta manera tras conocer la convocatoria de un pleno extraordinario para este viernes, 15 de marzo, ante “la grave situación provocada en El Sauzal por la pésima gestión del grupo de gobierno”, asegura. Esta gravedad se manifiesta, en primer lugar, en que la corporación pasa a estar intervenida por el ministerio, pero también en que “vamos a tener que apretarnos el cinturón por las malas prácticas de CC”.
“El Sauzal no se merece estas prácticas, el municipio no puede pagar las prácticas nefastas de CC con menos seguridad, menos funcionarios, menos recursos… No tenemos que seguir aguantando una gestión con tantas repercusiones negativas para nuestro pueblo”, insiste la concejala.
Ante el hecho inevitable de que los recortes se van a tener que ejecutar, USPES propone priorizar el mantenimiento de las dotaciones de personal y recortar otras partidas presupuestarias. “Para empezar, creemos que el grupo de gobierno debería recortarse un 50 % el salario durante los tres meses que quedan de mandato y que ese dinero sirva para pagar en parte, ya que solo estaríamos hablando de unos 20 mil euros, el desastre generado por la mala gestión presupuestaria”, apunta Beltrán.
A ello habría que sumar la no ejecución de los gastos que, tal como ha advertido la Intervención municipal, no cumplían la legalidad en materia de contratación pública, por lo que, a juicio de la confluencia municipalista, no deberían pagarse las facturas detectadas por Intervención y evidenciadas en un informe donde se habla de 24 reparos cuya suma asciende a 700 mil euros.
Sin embargo, “dado que CC tiene la mayoría absoluta, sabemos que aprobará la forma en que va a reducir esta cantidad; una medida que nos parece triste, lamentable y, sobre todo, tremendamente injusta: nuestro municipio ha demostrado tener capacidad de ahorro y de generar ingresos, especialmente por el pago de los impuestos municipales, un esfuerzo que hace la ciudadanía que no se merece la mala gestión que hacen con sus dineros el grupo de gobierno”, subraya la concejala.
A juicio de USPES, en El Sauzal se está incumpliendo la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, que, en su artículo 28, califica como una infracción muy grave no adoptar las medidas necesarias para evitar situaciones de incumplimiento; además, “no es lógico haber desatendido los avisos que, desde Intervención, se han estado enviando a lo largo de todo el 2018”, sentencia.
Cuando en 2017 la mala gestión del grupo de gobierno hizo que se incumpliese la regla de gasto, el Ayuntamiento se vio penalizado y obligado a poner en marcha un Plan Económico-Financiero durante dos años. La situación requería una gestión muy cuidadosa y sobre todo aconsejada por Intervención,. “Sin embargo, ha resultado un desastre y nuevamente el grupo de gobierno no ha sido capaz de actuar dentro de las directrices del marco del Plan Económico Financiero, y ha incumplido con las limitaciones de gastos que se tenían en 2018”, explica Beltrán.
USPES recuerda que el Ayuntamiento de El Sauzal es de los pocos en Canarias que han incumplido un Plan Económico-Financiero, un motivo más para buscar responsabilidades políticas de la gestión de CC durante estos cuatro años de mandato.