Una propuesta de la Asamblea Ciudadana Portuense (ACP) debatida en el pleno de ayer mostró la posición de los diferentes grupos políticos del Ayuntamiento sobre el proyecto de distribución de combustibles gaseosos por canalización previsto para el Puerto de la Cruz, impulsado por el Gobierno de Canarias y actualmente en periodo de información pública. La ACP buscaba un pronunciamiento de la corporación municipal en contra de la introducción del gas en el municipio, pero tanto PP-CC como el PSOE evitaron hacerlo y, en su lugar, apoyaron una enmienda sobre el modelo energético del municipio que no hacía mención alguna a la inminente introducción del gas ciudad. Tras el debate, quedó claro que el único grupo político del consistorio portuense que se opone al proyecto del gas es la Asamblea Ciudadana Portuense.
De hecho, la formación asamblearia está llevando a cabo estos días una campaña contra la implantación del gas. Esta semana ha estado en los barrios de La Vera y Punta Brava repartiendo folletos y recogiendo firmas para las alegaciones que ha redactado con el fin de frenar el proyecto, y la semana próxima hará lo propio en el casco del municipio.
El portavoz de la Asamblea Ciudadana Portuense, David Hernández, reprocha al grupo de gobierno de PP-CC el silencio que hasta el momento ha mantenido sobre un proyecto de tanta trascendencia para el Puerto de la Cruz, del que “ni siquiera ha trasladado la más mínima información a la ciudadanía a falta de una semana para la finalización del plazo de alegaciones”. A su juicio, ha quedado claro que el gobierno local apoya el proyecto, pero “con la boca chica, para no quedar mal ante la ciudadanía portuense”.
Hernández denuncia que “en ningún momento se ha justificado debidamente la utilidad pública ni el interés general” de un proyecto que se ha planificado “de espaldas a la ciudadanía”. Tampoco se garantiza, sostiene, su viabilidad económica, pese a la importante inversión prevista, lo que deja la duda de quién asumirá las pérdidas en caso de que la obra no sea rentable. El concejal de la formación asamblearia recuerda que, “en casos similares, las cargas las ha asumido la administración pública, y, por tanto, la ciudadanía”.
“Riesgo innecesario”
Otra de las razones que expone el portavoz de la ACP para rechazar el proyecto es el “innecesario riesgo que genera para la población, puesto que circulará un combustible fósil altamente inflamable bajo la mayor parte de las calles del municipio”. Este riesgo, señala, aumenta en las cercanías de los depósitos, que estarán ubicados en La Zamora (Los Realejos). Por otro lado, según Hernández, “el gas no se adecúa a las necesidades energéticas de las viviendas del Puerto de la Cruz, que son más bajas que en otras zonas debido al buen clima”.
Para David Hernández, los proyectos de canalizaciones de gas previstos para el Puerto de la Cruz y para otros siete municipios de Canarias tienen el “propósito oculto de servir de coartada para la justificación de la planta de gas natural licuado de Granadilla, otra infraestructura sin ninguna garantía de ser viable económicamente”. Esto es así, explica, porque, aunque en principio se canalizaría aire propanado (una mezcla de aire y gas propano), las tuberías previstas sirven igualmente para el gas natural, con lo que las infraestructuras de distribución de este combustible ya estarían preparadas. No obstante, Hernández subraya que la planta de Granadilla está paralizada en el Tribunal Supremo y carece de autorización, por lo que “no está en absoluto garantizado el suministro de gas natural”.