Asamblea Unificada del Pueblo (AUP)-Sí se puede critica que los grupos de PSOE y CC en el gobierno municipal hayan rechazado su propuesta para actualizar el catálogo de bienes inmuebles de San Juan de la Rambla. El portavoz de la formación en el Ayuntamiento, Juan Siverio, defendió en el pleno el pasado jueves 1 de septiembre una moción con este objetivo, que había registrado para su consideración en la sesión del pasado 28 de abril y que, por distintas circunstancias, no pudo ser tenida en cuenta por la corporación hasta pasados cuatro meses.
El objetivo de la moción es que el gobierno municipal actualice el catálogo de bienes inmuebles existentes en el municipio, entre los que se encuentran elementos de altísimo valor cultural. La organización ecosocialista recuerda que el pasado 15 de junio concluyó el plazo para que los Ayuntamientos de Canarias cumplan con esta obligación establecida la ley 11/2019 de Patrimonio Cultural de Canarias, del 25 de abril, en su artículo 54.4.
Siverio reprocha a los grupos del gobierno municipal que “recurran a argumentos evasivos y débiles para evitar cumplir con una obligación que establece la ley y para la que el plazo ya acabó”. El portavoz de AUP-Sí se puede se refiere al planteamiento del gobierno respecto a que la moción no podía aprobarse por no ir acompañada de una ficha presupuestaria. “El gobierno ha tenido cuatro meses para estudiar nuestra propuesta y hacer la valoración económica, si es que quería aprobar nuestra moción; una vez más, no hacen el trabajo y pretenden que sea la oposición quien les saque las castañas del fuego”. A juicio del portavoz de AUP-Sí se puede, es el momento de considerar el coste de esta medida, a la que la corporación está obligada por ley, para incorporar su puesta en marcha en los presupuestos municipales para 2023.
El concejal destaca, además, que “en el colmo del descaro, PSOE y CC pretendían que retiráramos una parte esencial de nuestra propuesta, relativa al obligado cumplimiento de la ley. No quieren reconocer sus obligaciones y no quieren comprometerse en la sede municipal a cumplir con los requisitos a los que están obligados”.
La iniciativa de AUP-Sí se puede tenía en cuenta que hace cuatro meses la mayoría de los municipios de Canarias no había redactado este documento, por lo que proponían también que el Ayuntamiento de San Juan de la Rambla pidiera a la Federación Canaria de Municipios (FECAM) que inste a las corporaciones locales del Archipiélago a cumplir con esta prescripción legal, una medida que ni el propio gobierno está dispuesto a acatar en su municipio, según se pudo ver en el pleno.
La moción contemplaba que la actualización del catálogo existente en San Juan de la Rambla en los términos establecidos por la ley mencionada vaya acompañada de la elaboración de un Plan Especial de Protección para el casco de San Juan de la Rambla. Además del traslado de la iniciativa a la FECAM, la propuesta plantea que la corporación del municipio del norte de Tenerife inste al Cabildo y al Gobierno de Canarias a aumentar las partidas presupuestarias de patrimonio cultural para que las personas propietarias inicien la restauración de los inmuebles incluidos en el catálogo actualizado.
El portavoz de AUP-Sí se puede recuerda que “la mayoría de los bienes inmuebles que tienen algún valor histórico están fuera de los catálogos de patrimonio histórico; de ahí la importancia de este otro documento, que recoge todos los bienes inmuebles que se encuentran en cada de municipio y que requieren la intervención pública o privada para el desarrollo de actuaciones de protección”.
Entre estos inmuebles, el concejal destaca el valor de “las casas terreras antiguas, casas tradicionales canarias que constituyen un patrimonio con mayúsculas, que forman parte del paisaje isleño, dispersas en su gran mayoría en el territorio rural acaban abandonadas para declararlas en ruina y caen presas de la especulación, un fenómeno que ocurre en todas las Islas desde hace décadas, de forma que las grandes olvidadas en la arquitectura canaria acaban desapareciendo”.
En este sentido, Siverio destaca que “por lo general, los ayuntamientos se han excusado en que los inmuebles son privados, que están afectados por asuntos de herencias o se desconoce a las personas propietarias y que eso impide a las corporaciones promover mejoras, solicitar subvenciones”. A juicio de AUP-Sí se puede, “todo eso son excusas. Una de las tareas o responsabilidades de cada ayuntamiento consiste en buscar una solución a estas situaciones, identificar a las personas propietarias, notificarles sus obligaciones sobre esos bienes; por esto proponemos que el Ayuntamiento de San Juan de la Rambla contrate una empresa para que resuelva estas situaciones, con cargo a los 700 mil euros de la modificación de crédito recientemente aprobada en el presupuesto municipal”.