Sí se puede ha presentado una denuncia ante el juzgado de guardia de Santa Cruz de Tenerife por la presunta comisión de un delito electoral contra el candidato de Coalición Canaria (CC) que ha estado distribuyendo alimentos junto a propaganda electoral de su candidatura a personas con pocos recursos económicos en la sede de la Asociación Abora.
Pedro Fernández Arcila, candidato de Sí se puede a la alcaldía de la capital tinerfeña, y representante legal de Sí se puede, firma la denuncia presentada el pasado viernes 17 de mayo, tras tener conocimiento a raíz de la noticia publicada por el periódico provincial Diario de Avisos.
Arcila asegura que “este atentado contra la dignidad de las personas por parte de un candidato de CC evidencia la naturaleza antidemocrática del partido político que pretende perpetuarse en el poder durante décadas. CC no ha sido capaz de desarrollar una política social que atienda las enormes dificultades que encuentra gran parte de la ciudadanía de Santa Cruz para resolver día a día su precaria situación”.
“Bermúdez y CC no quieren una ciudadanía libre, con sus necesidades y derechos fundamentales resueltos, sino que, por el contrario, mantienen la precariedad para dirigirse al electorado pidiendo el voto a cambio de pequeños regalos. Es imprescindible cerrar este periodo nefasto que en Santa Cruz se extiende ya 40 años, para que nuestro municipio llegue por fin a la democracia y al siglo XXI en condiciones de dignidad y libertad”.
En el texto de su denuncia, Arcila, como representante legal del partido ecosocialista canario, pide al juzgado que, además de los datos que pueda aportar el periódico, recabe testimonios de testigos presentes en la escena de la que da cuenta el rotativo tinerfeño a través del Instituto Municipal de Atención Socia (IMAS), entidad a la que le consta el nombre y los datos para la localización de las personas que estuvieron presentes en el reparto de alimentos junto a folletos de propaganda electoral en la sede de la asociación Abora.
Sí se puede destaca que la Ley Orgánica de Régimen Electoral General establece que “serán castigados con la pena de prisión de seis meses a tres años o multa de 12 a 24 meses quienes por medio de recompensa, dádivas, remuneraciones o promesas de las mismas soliciten directa o indirectamente el voto de algún elector o lo induzcan a la abstención”.
Según relata la información del periódico citado, en la que se basa la denuncia, el presidente de la mencionada ONG, Julio Francisco Tacoronte Vega, que ocupa el puesto 14 en la candidatura de CC al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y es miembro de este partido, participó en la entrega de propaganda electoral de su propia candidatura junto a los alimentos que se distribuyen de forma gratuita entre las personas que acuden a la sede de esta asociación a recoger productos no perecederos.
A los ciudadanos que entraban en el local de esta ONG para utilizar sus servicios, además de alimentos se les entregaba folletos propagandísticos de CC de manera abierta hasta que, según informa el rotativo, llegó un “estrecho colaborador de Coalición Canaria” y, tras mantener un diálogo con el denunciado Julio Francisco Tacoronte, se procedió a colocar en el mostrador donde se efectuaba el reparto de alimentos una caja de cartón con unos sobres blancos, en los que presumiblemente estaban los pasquines.
Según esta noticia, Tacoronte era el encargado de organizar a un equipo de colaboradores, algunos de los cuales portaban un chaleco que los identificaba como “voluntarios”, que entregaban uno de esos sobres blancos a cada persona presente en la cola para la recogida de los alimentos, tal como se evidencia en las fotografías publicadas por el periódico, en las que se comprueba claramente la entrega de los folletos y sobres denunciados. Basado en esto, Sí se puede señala a Tacoronte como coautor o colaborador en los hechos.
Junto al denunciado participaba en los hechos, siempre según Diario de Avisos, otro estrecho colaborador de CC, que ya había formado parte de su gobierno los últimos años. Aunque es fácil deducir a quién se refiere el diario, Sí se puede considera que la investigación judicial deberá determinar la identidad de este colaborador o coautor para la perpetración del presunto delito.