Sí se puede denuncia que Carlos Garcinuño Zurita, exconcejal de Urbanismo, está en la relación de empresas que forman parte del acuerdo marco para la licitación de los contratos administrativos de servicios que se deriven de expedientes de planeamiento y gestión urbanística, en el ámbito de la Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, dirigida ahora por otro edil del PP, Carlos Tarife.
El concejal ecosocialista en la capital tinerfeña, Eligio Hernández Bolaños, afirma que “el Partido Popular sigue utilizando de forma descarada las puertas giratorias”, ya que el hasta hace seis meses tercer teniente de alcalde y máximo responsable de Urbanismo y Planificación Territorial opta ahora a gestionar los servicios cuya privatización promovió, tal y como se dio cuenta en el consejo rector de la Gerencia Municipal de Urbanismo celebrado este martes, 26 de diciembre.
Para Sí se puede resulta incomprensible que los servicios jurídicos municipales no hayan impedido que el exedil de Urbanismo opte a la redacción del planeamiento en Santa Cruz, cuando el plazo de vigencia del acuerdo marco es de dos años, justo el tiempo por el que Garcinuño está afectado por el régimen de incompatibilidades previsto en la legislación actual. La Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado, en su artículo 15 establece que: “Durante los dos años siguientes a la fecha de su cese los altos cargos (…) no podrán desempeñar sus servicios en empresas o sociedades privadas relacionadas con las competencias del cargo desempeñado”. Y, en particular, en el apartado 3 del mismo artículo concreta que: “Durante el periodo de dos años a que se refiere el primer apartado de este artículo no podrán celebrar por sí mismos o a través de sociedades o empresas participadas por ellos directa o indirectamente en más del 10 por ciento contratos de asistencia técnica, de servicios o similares con las Administraciones Públicas, directamente o mediante empresas contratistas o subcontratista”.
“El mismo concejal que promovía con ahínco la privatización de la redacción del planeamiento, evitando que se elaborase internamente con personal municipal, se beneficia ahora de una licitación que él mismo fraguó, lo que, además de ilegal, es muy poco ético. Es inaudito que el PP, con todo el descaro del mundo, siga desmantelando el sector público y permitiendo su constante privatización para beneficiar a los suyos y en beneficio del propio partido, concluye Hernández Bolaños.