Sí se puede valora que se avance en la implantación de la Tarjeta Básica de Alimentos en Santa Cruz de Tenerife, tal como lleva insistiendo en el Ayuntamiento de la capital tinerfeña desde hace años. La concejala del grupo municipal ecosocialista Asun Frías asegura que “nuestra insistencia para dignificar las ayudas básicas empieza a dar sus frutos”.
La implantación de la tarjeta social de alimentos, que llevará el nombre de Tarjeta Básica de Alimentos, está a punto de concretarse, según la respuesta que dio el concejal responsable del Instituto Municipal de Atención Social (IMAS), Óscar García, en la Comisión de Control de este jueves, 10 de mayo, en respuesta a una pregunta de Sí se puede. Frías subraya que, en su respuesta, el gobierno municipal de CC-PP reconoce que esta ha sido “una gestión que se ha demorado en el tiempo”.
La organización ecosocialista aspira a que el avance de este método sea lo suficientemente ágil para que se concluya con el recurso a las Prestaciones Económicas de Asistencia Social (PEAS), que, además de ser menos eficientes, son una herramienta menos digna. En cambio, la Tarjeta Básica de Alimentos “posibilitará que las familias elijan los productos que más necesitan en supermercados cercarnos a su domicilio y que los paguen discretamente, de manera que evitan las estigmatizaciones”, explica la concejala.
“El método de la tarjeta social de alimentos es mejor que el actual sistema de envío de compras y el indigno reparto de comida en los barrios, que responde a un modelo asistencialista y generador de dependencia y humillación”, asegura Frías, de ahí la satisfacción de Sí se puede con que, por fin, después de años de presión, finalmente se esté tan cerca del establecimiento de esta medida.
“Sí se puede se mantendrá vigilante para confirmar que los plazos serán lo más cortos posible”, señala Frías, al tiempo que recuerda que, a juicio de la organización ecosocialista, la única fórmula justa de afrontar la situación de precariedad económica es la creación de un sistema de garantía de rentas. “La aportación de recursos por parte del Estado para que la ciudadanía resuelva sus necesidades es una cuestión de derechos, no debe ser una limosna ni una medida caritativa”, recalca.