Sí se puede se congratula de que se vaya a iniciar el procedimiento de revisión de oficio de la licencia de la gasolinera prevista en la zona urbana de Las Toscas, en Tegueste. El concejal del grupo municipal Sergio Fernández, asegura que “este logro es un éxito compartido de la movilización ciudadana y del trabajo de la comisión de seguimiento creada a partir de la moción de la oposición en el pleno de noviembre pasado”.
Fernández hizo esta valoración al salir de la tercera sesión de la comisión de seguimiento, que fue convocada por solicitud de los grupos municipales de Sí se puede y PSOE, que finalmente se reunión en la mañana de este viernes, 25 de enero.
El concejal subraya que Coalición Canaria (CC) excusó el no solicitar la medida de suspensión cautelar de las obras con la existencia de un contencioso presentado en el que una empresa gasolinera ya instalada en el municipio que se siente afectada por el proyecto de Las Toscas pide como medida esa suspensión cautelar.
A juicio de Sí se puede, si bien es cierto que se espera que sea inminente el pronunciamiento judicial sobre la demanda planteada por la empresa señalada, este será acorde al planteamiento de esa entidad privada, que es anterior a los últimos acontecimientos decisivos en este caso y que está desactualizado. Por este motivo, la organización considera que el que una empresa haya demandado la suspensión cautelar de las obras no es obstáculo para que el Ayuntamiento también lo solicite con los argumentos que concurren en este caso en estos momentos.
Las consecuencias que sobre el asunto introducen los dos últimos informes elaborados por la Oficina Técnica municipal y la respuesta del Cabildo a esos documentos han cambiado mucho la situación, hasta el punto de que ya sabemos que existe, además de gran cantidad de irregularidades susceptibles de ser subsanadas, una irregularidad no subsanable, relacionada con la consideración de solar de una de las parcelas segregadas.
Por tanto, “consideramos que existe base jurídica para que el Ayuntamiento decrete la suspensión cautelar. De esta manera se evita o se reduce el perjuicio creado por la suspensión de la licencia ante una posible demanda de indemnización por parte de los promotores, por no haber permitido la continuidad de las obras a sabiendas de que estas no se ajustan a la legalidad”, destaca Fernández.