Sí se puede denuncia que la alcaldesa de Vilaflor, Agustina Beltrán, se negó a identificar ante el pleno municipal al responsable de la demolición de los adosados de La Escalona, que fueron declarados ilegales en 2008 y para los que el Juzgado de la Contencioso-Administrativo nº 3 ha dado un último plazo de derribo que se cumple el próximo 5 de febrero.
“La negativa a informar al pleno sobre la persona responsable de la demolición es un comportamiento censurable y que revela el poco interés que tiene la alcaldesa en cumplir con unos mínimos requisitos de transparencia”, asegura el portavoz del grupo municipal ecosocialista en el Ayuntamiento de Vilaflor, José Luis Fumero. El concejal llamó la atención sobre el desprecio por los procedimientos democráticos que evidencian las palabras de la alcaldesa ante la petición del portavoz de la oposición, al manifestar literalmente “usted no tiene por qué saber quién es”.
La identificación con nombre y apellidos de la autoridad, funcionario o agente responsable de la demolición de los adosados fue solicitada el pasado 5 de diciembre por una comunicación del juzgado en la que se daba un plazo de diez días para responder a este requerimiento y en el que se advertía de que, en el caso de no hacerlo, se impondrían multas coercitivas al responsable por valor de 1000 euros cada veinte días. En la misma comunicación, el tribunal informaba al Ayuntamiento de que la corporación contaba con un plazo de dos meses para ejecutar la demolición de lo edificado ilegalmente.
“El municipio merece saber qué va a pasar con la grave situación en que se ha puesto a este pueblo –señala Fumero–. La alcaldesa se niega a informar al pleno y debe tener en cuenta que la ciudadanía de Vilaflor tiene derecho a saber en qué consiste este problema, que es de suma gravedad para las arcas municipales”.
Así se lo recordó Fumero a la alcaldesa durante el pleno extraordinario celebrado este miércoles, 3 de enero, convocado con un único punto en el orden del día para abordar la situación de esta urbanización y, en general, del estado del Plan de Cooperación entre el Cabildo de Tenerife y el Ayuntamiento para el periodo 2014-2017.
El portavoz de Sí se puede exigió además que se incluyan los costes de la demolición en el presupuesto de gastos de la corporación para 2018, “para que después no recurran a las mismas maniobras que han estado usando hasta ahora con la intención de retrasar el derribo”.
El juzgado citado declaró en 2008 ilegales las obras de los adosados, en respuesta a un recurso interpuesto por la Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza (ATAN) sobre la licencia municipal concedida por el Ayuntamiento de Vilaflor para la construcción de 76 chales pareados en el Camino Real de la Escalona, debido a que el proyecto se encontraba fuera de ordenación, edificado sobre suelo rústico potencialmente productivo.
A ello se suma una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) de 2016 en la que se obligaba a ejecutar la demolición. “Entonces, solo se hizo un paripé, que obligó a la administración de Justicia a comunicar en diciembre de 2017 la demolición definitiva de lo construido”, detalla Fumero, quien destaca las contradicciones en las que incurrió Beltrán durante el pleno de este miércoles, al señalar, en primer lugar, que el proyecto de demolición se estaba redactando y aun no estaba adjudicado y, posteriormente, responder afirmativamente a una pregunta directa de Sí se puede, al asegurar que se había procedido a la licitación de las obras del derribo.