Sí se puede celebra que ningún obstáculo impida el inicio del juicio oral al político del PSOE Aurelio Abreu, exalcalde de Buenavista y actual vicepresidente del Cabildo de Tenerife, por los presuntos delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos en el caso de la residencia para personas con discapacidad en el municipio de la Isla Baja. El portavoz del grupo ecosocialista en el Ayuntamiento de Buenavista, Antonio González Fortes, lamenta, sin embargo, la lentitud del proceso judicial y los efectos de un caso que ha dejado al municipio sin un recurso significativo por el que espera desde hace diez años.
González Fortes se hace eco de la noticia que da cuenta del rechazo del recurso interpuesto por Abreu por parte de la Audiencia Provincial, al considerar que hay indicios suficientes que apuntan a una omisión clara y consciente del procedimiento de contratación administrativa a la hora de contratar el proyecto y la ejecución de la obra para una residencia para personas con discapacidad en Buenavista por un importe de 270.000 euros.
“Dábamos por hecho que esa iba a ser la respuesta de la Audiencia Provincial, porque la instrucción ha ido demostrando poco a poco que nuestra denuncia estaba muy fundamentada; por este motivo, consideramos que el PSOE ha actuado de forma irresponsable, al tratar de quitarle importancia a los hechos denunciados”, asegura el portavoz de Sí se puede.
“El rechazo del recurso era lo esperado por todos los profesionales consultados. Después de una instrucción tan larga y que ha arrojado declaraciones tan contundentes por parte del propio Abreu, en las que reconoció haberse saltado el procedimiento de contratación, este recurso no significaba sino una artimaña más para retrasar el proceso y que no se produjera la apertura de juicio oral”, asegura el portavoz de Sí se puede, para quien la noticia “es muy importante”, al tratarse de la organización que promovió la denuncia de los hechos tras tomar posesión el propio González Fortes como alcalde de Buenavista en 2012.
El portavoz de Sí se puede en Buenavista considera “muy positivo que continúe el proceso judicial, porque han sido muchos años desde la denuncia, que presentamos en julio de 2012, y de instrucción, desde enero de 2014”. A su juicio, “quien más salió perjudicado en todo este tiempo es el municipio, porque, llevamos más de diez años sin una infraestructura que es básica el trabajo que desarrolla el Centro Ocupacional Isla Baja en materia de diversidad funcional”.
Aurelio Abreu era alcalde de Buenavista en 2006 cuando adjudicó a dedo a un estudio de arquitectura propiedad de un compañero de partido la redacción de un proyecto para la ejecución de la residencia sin pasar por el obligado cumplimiento de la normativa sobre contratación administrativa, que requería la apertura de un proceso de licitación pública, dada su cuantía. Para el Ayuntamiento supuso el pago de 160.000 euros por la redacción del proyecto básico. La dirección de la obra, por valor de 90.000 euros, no se pagó finalmente, porque no se llevó a cabo, de manera que la corporación y el municipio perdieron el dinero empleado y la infraestructura que se pretendía realizar.
Por estos motivos, mientras la Fiscalía Provincial solicita para Abreu y el interventor-secretario del Ayuntamiento de Buenavista ocho años de inhabilitación administrativa, Sí se puede, personado como acusación popular, pide tres años de cárcel y 20 de inhabilitación por el presunto delito de prevaricación administrativa y por malversación de caudales públicos. El juicio oral se celebrará en el Juzgado de Instrucción número 2 de Icod de Los Vinos.