Sí se puede insiste en la propuesta de bonificar la tarifa del agua a familias con pocos recursos económicos en Santa Cruz de Tenerife. La concejala ecosocialista Asun Frías pregunta en la Comisión de Control de este jueves, 13 de diciembre al concejal del Instituto Municipal de Atención Social (IMAS), Óscar García, por los contenidos del acuerdo previsto entre el IMAS y la empresa mixta de agua, EMMASA, para sustituir las Prestaciones Económicas de Asistencia Social (PEAS).
Con el fin de aclarar la posición de CC-PP en el Ayuntamiento de la capital tinerfeña, Frías pide a García que precise si el gobierno municipal “sigue descartando la bonificación de la tarifa del agua a las familias con pocos recursos económicos y, en general, la introducción de tarifas solidarias”. Igualmente, la concejala consulta “en qué consistiría el convenio entre el IMAS y EMMASA”, además de pedir la fecha en la que será firmado.
Frías subraya que el propio responsable del IMAS ha destacado el convenio con la empresa mixta que presta el servicio del agua como uno de los factores que reduciría las listas de espera, ya que las PEAS para pagar la factura del agua por parte de las familias con menos recursos acaparan tiempo de atención en las Unidades de Trabajo Social (UTS). Así lo anunció García en octubre pasado ante una pregunta de Frías sobre medidas para reducir los plazos de espera en las UTS.
Sin embargo, CC-PP rechazó en mayo de 2016 una moción impulsada por Sí se puede para la modificación de la tarifa del agua, en función de criterios sociales y medioambientales. Con este voto en contra, el gobierno municipal desdeñó, entre otras medidas, la dirigida a introducir tarifas solidarias para familias con pocos recursos económicos incluso hasta llegar a la tarifa 0 en los casos de las unidades de convivencia con rentas más bajas.
Asimismo, CC-PP denegó la creación de otras tarifas solidarias para unidades de convivencia con situaciones de vulnerabilidad, entre ellas, víctimas de violencia de género, familias monoparentales, personas con discapacidad, en situación de dependencia, con enfermedades crónicas, mayores y otras que impliquen una desigualdad social.
Finalmente, el gobierno municipal descartó entonces la fijación de un límite de consumo, por persona y día, para poder optar a beneficiarse de las tarifas solidarias y la subida de la tarifa para aquellas unidades de convivencia que consuman más por persona y día, lo que supondría la posibilidad de establecer nuevos tramos de cobro.
Precisamente, uno de los objetivos de esta moción era contribuir a disminuir la saturación de la UTS, tal como se expresó en su exposición de motivos. Por este motivo, Frías asegura que “no se entiende qué otros contenidos de carácter social contempla el gobierno incluir en un hipotético convenio entre el IMAS y EMMASA, si es que esta voluntad es cierta o solo se sacó a colación en la Comisión de Control de octubre pasado para eludir una respuesta fundamentada respecto al caso de la saturación de las citas previas de las UTS”.