Un destino que, por cierto, se difumina con el paseo de algunas estatuas de vírgenes con coste añadido a las arcas públicas, con algunas comilonas y discursos hilarantes sobre el origen costillar de la humanidad. Durante el trayecto, y de refilón, se moraliza la vida pública o, lo que es peor, se sigue puliendo el efecto perverso de confundir estrategias políticas y presupuestarias con la fe y la moral. Porque aquí hablamos sobre el destino delos dineros públicos y no sobre las creencias de la gente. Yo tengo mucha fe en mi escudilla de leche y gofio con un cacho de queso por la mañana, es mi creencia en una purificación de mi alma vía soberanía alimentaria y cultura gastronómica guanche, y no someto mi fe a consideración del respetable ni espero tener seguidores. Pero la acción dineraria del Gobierno construye al feligrés-votante.
Con datos suministrados por el propio Gobierno sobre los últimos tres años, y en concepto de asistencia religiosa a la Diócesis de Canarias y al Obispado de Tenerife, la Consejería de Sanidad ha otorgado una cantidad de 2.139.351’79 de euros, más 2.200.000 que ha dado Presidencia, resulta que la iglesia se ha embolsado un total de 4.730.827’79 de euros. Casi nada. Por consiguiente, cuando se diga que no hay dinero para Sanidad, ya saben: encomiéndense. Pero no es eso lo más sangrante, lo peor son los 49.454.926’6 de euros que se le ha concedido a algunas instituciones religiosas en concepto de asistencia sanitaria a pacientes del Servicio Canario de la Salud. Y un dato extraño, mientras que a San Juan de Dios del Lasso se le ha transferido 2.060.533’13 de euros; a la misma congregación en Tenerife se le aporta 44.640.374.Claro, así están las instalaciones de la congregación de San Juan de Dios en Tenerife, como una puncha, y así están las públicas. Comparen. No es un milagro, es un negocio. El gasto total de la Consejería de Sanidad en instituciones religiosas fue de 53.293.431’1 euros. No cuestiono la cantidad asignada a una congregación por atención a drogodependencias, pero lo otro clama al cielo.
La connivencia aludida está amparada legalmente, tanto por la rémora del dichoso concordato Iglesia-Estado de 1953 como por el artículo 112 del nuevo Estatuto de Autonomía de Canarias, que consagra que nuestras instituciones puedan colaborar con la Iglesia sin más articulado que defina límites. Así las cosas, lo descrito en esa columna podrá seguir sucediendo, que por colaboración se entienda respaldo político-espiritual recíproco y la bendición a la evaporación de recursos imprescindibles para la sanidad pública.