La Laguna puede ser el primer ayuntamiento de Canarias que se declare “municipio libre de paraísos fiscales”
Se calcula que en todo el planeta entre 19 y 29 billones de euros se ocultan en los paraísos fiscales. La Unión Europea pierde un billón de euros cada año por lo que dejan de tributar esos fondos dirigidos a paraísos fiscales, lo que representa más que el gasto sanitario total de todos sus Estados juntos. El problema alcanza la categoría de drama en los países pobres y menos desarrollados, donde la pérdida de los ingresos fiscales excede el total anual mundial destinado a la ayuda al desarrollo.
José Luis Hernández, concejal de Unid@s se puede proponente de la iniciativa señaló: “La declaración de La Laguna como municipio libre de paraísos fiscales se enmarca en una campaña de ámbito europeo que promueven organizaciones como Oxfam-Intermon y la Plataforma por una fiscalidad justa, que ya han suscrito muchos municipios de Suecia, Noruega y Finlandia y ciudades como Estrasburgo y Grenoble, Mataró, Castellón de la Plana, Tarragona…, y a su valor simbólico habría que sumarle un efecto ejemplarizante”, y añadió: “Pero además de estos efectos, la moción se acompaña de otras medidas prácticas para que nuestro gobierno local, a pesar de su poco margen de actuación en fiscalidad, vele por el cumplimiento de las buenas prácticas financieras y fiscales, preservando la ética de los negocios, la transparencia, la igualdad de oportunidades y la lealtad en la competencia, ya que la evasión fiscal permite a las grandes corporaciones tener posiciones ventajosas frente a las pequeñas o medianas empresas y además contribuye a crear una brecha social entre la población y la elite político financiera ”.
En la parte resolutiva, la propuesta de Unid@s se puede pretende que las grandes empresas que concurren a concursos públicos municipales deban presentar informes de responsabilidad fiscal, especificando en su caso en qué países tienen filiales y tributan impuestos, que las personas y empresas concurrentes estén al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y de Seguridad Social y que se exija una declaración jurada asegurando que ningún cargo directivo de la empresa contratante tiene vinculación con empresas, sociedades financieras o bancos que estén situados en países catalogados como paraísos fiscales.