Sí se puede lleva al pleno de Candelaria las reclamaciones de las personas desalojadas en Bajo La Cuesta

Sí se puede lleva las reclamaciones de las personas desalojadas en Bajo La Cuesta al pleno de Candelaria, que se celebra el próximo 28 de julio. La portavoz del grupo ecosocialista en el Ayuntamiento, Mayca Coello, lamenta que haya tenido que llegar la moción de su grupo a la sesión plenaria para que la alcaldesa de Candelaria convoque al colectivo afectado después de meses de silencio por parte del grupo de gobierno.

El grupo municipal ha mantenido sucesivos encuentros con el colectivo afectado por los desalojos por el deslizamiento de un talud en Bajo la Cuesta en unos terrenos propiedad de varias empresas, que ha dado lugar desde hace meses al desalojo de las familias residentes en la zona para evitar accidentes mientras se repara la situación. Fruto de esta labor conjunta con la ciudadanía, Sí se puede se hace eco de las demandas vecinales y propone al pleno una moción para dar respuesta certera a peticiones de los vecinos y vecinas desalojadas.

Se trata, en primer lugar, de dar cumplimiento al acuerdo adoptado el 26 de octubre de 2016 y celebrar reuniones informativas continuas con el colectivo afectado, así como restaurar el riego municipal de los jardines públicos de Bajo la Cuesta, tanto en la zona afectada por el desalojo como en los laterales de la vía pública de acceso, de forma que se evite especialmente la pérdida de las especies vegetales protegidas existentes allí.

Igualmente, la portavoz de Sí se puede defenderá en el pleno que se garantice que el personal de seguridad controle el acceso de cualquier persona a la zona, tanto por la calle como por la costa, y que este cuente con el apoyo necesario de la Guardia Civil o de la Policía Local con el fin de salvaguardar la seguridad de las personas y la integridad de las viviendas.

Otra de las demandas vecinales que impulsará Coello en la sesión plenaria es la sustitución del cartel que establece limitaciones de acceso “Bajo su responsabilidad” por otro de “Prohibido el paso”, colocado en lugares más visibles, ya que el actual está demasiado alto y oculto. Asimismo, que el Ayuntamiento permita, con una periodicidad establecida previamente, el acceso de las personas desalojadas que lo deseen, acompañadas de la Policía Local o quien se determine, con el equipo de protección adecuado, “para poder comprobar el estado y la integridad de sus viviendas a efectos de reducir sus niveles de incertidumbre y sufrimiento, dada la demora sufrida y previsible del desalojo”.

Finalmente, Coello recoge y lleva hasta el pleno la petición de “decretar el acceso puntual antes del último fin de semana de agosto de algunas personas autorizadas y con el equipo de protección adecuado, para trasladar a la Virgen del Mar al lugar que se considere oportuno y permitir así la celebración de su fiesta”.

El 27 de octubre de 2016, hace casi nueve meses, “el Ayuntamiento desalojó a los vecinos y vecinas de Bajo la Cuesta en un proceso caótico que ha generado gran incertidumbre en las personas que no contaban con alojamiento alternativo, cuando menos inmediato, así como la desazón de aquellas que no supieron hasta muchos días después si iban a contar con ayuda para los gastos de alquiler o si, finalmente, se les iba a denegar, lo que sucedió en varios casos de forma injusta”, recuerda la concejala.

La obra de una parte del talud que iba a estar finalizada en tres meses por Endesa, todavía hoy se encuentra sin culminar y, todavía hay dudas fundamentadas sobre qué plazo resta para que Costas pueda aprobar la concesión solicitada que permitiría finalizar las obras en ese tramo del talud. Todo ello, “si finalmente, la concesión prospera positivamente”. Coello destaca que “es imposible hablar del segundo tramo del talud porque el futuro es más que incierto, según se desprende de los informes jurídicos municipales, del coste de las obras y de la aparente situación de insolvencia financiera de la empresa que compró el talud –que sí contó con recursos para invertir en una pared aparentemente improductiva y aparentemente “no lucrativa” –.

Igualmente, para complicar aún más la situación, también falta que los informes técnicos garanticen la seguridad de las obras realizadas respecto a las viviendas, para que los vecinos y vecinas del primer tramo puedan retornar a ellas. “En definitiva, meses y meses que se suman a los nueves meses ya transcurridos y que condenan a una absoluta indefensión a los vecinos y vecinas desalojadas”, señala la portavoz de sí se puede, que concluye señalando que “hay personas pagando alquiler e hipoteca simultáneamente; hay personas que, por sus circunstancias económicas, sufragan su alquiler con recursos municipales; hay personas alojadas en casa de familiares en condiciones de hacinamiento; hay personas que viven en la acampada; y hay personas que viven acogidos por amistades y familiares. En definitiva, situaciones inaceptables que se están prolongando mucho más de lo tolerable y de lo admisible desde un punto de vista humano”.