Sí se puede e IUC piden al Ayuntamiento de Güímar un compromiso en la protección de las viviendas públicas

La coalición Sí se puede–Izquierda Unida Canaria (IUC) propone al Ayuntamiento de Güímar que inste al Parlamento de Canarias a legislar para que las viviendas de protección oficial, sea cual fuere su tipología o promoción, tengan la calificación permanente de protección.

La coalición güimarera considera que este es el mecanismo que puede evitar con más garantías que las viviendas construidas con fondos públicos y destinadas a asegurar el cumplimiento del derecho constitucional a una vivienda digna acaben ingresando al cabo de los años al mercado general de la vivienda.

“Otorgar carácter permanente a los niveles de protección asignados a la vivienda social es algo perfectamente viable en el ordenamiento jurídico del Estado español –asegura el portavoz de Sí se puede-IUC en el Ayuntamiento de Güímar, Ruyman Afonso– y es el momento de dar este paso en Güímar, cuando se está proponiendo impulsar significativamente la construcción de vivienda protegida”.

A juicio de la coalición, “es fundamental dotarnos de un marco legal que garantice que la nueva vivienda pública no acabe en el mercado”, apunta el concejal. El que las viviendas protegidas que se incorporen al parque de vivienda en el municipio permanezcan en él requiere de cambios legislativos en la ley autonómica, de ahí que la propuesta contemple que el Ayuntamiento inste al Parlamento de Canarias a dar los pasos necesarios para ello.

Sí se puede e Izquierda Unida Canaria destacan “la fragilidad de los mecanismos de protección en materia de vivienda, al contar esta figura con fecha de caducidad”, señala el portavoz. “Si se aporta suelo público y dinero público para construir viviendas destinadas al alquiler, cabe esperar unos alquileres en condiciones socialmente ventajosas con carácter indefinido; si no es así, si estas condiciones tienen fecha de caducidad, nunca se acabará de solucionar la problemática de la vivienda, al mismo tiempo que las viviendas sociales pueden acabar siendo amenazadas por fondos buitre, como ya ocurrió con 358 viviendas públicas construidas en el barrio de Añaza, en Santa Cruz de Tenerife”, añade.

En el caso de las viviendas de públicas dedicadas a la venta, el régimen de protección dura entre diez y treinta años, un diseño legal que “conlleva la permanente autodestrucción del parque de vivienda pública”, según se afirma en el texto de la moción.

Estas afirmaciones se sustentan no solo en un análisis concienzudo de la ley y en la experiencia del recorrido de la vivienda pública en Canarias y en todo el Estado. Sí se puede-IUC se basan también en un estudio sobre el parque público de vivienda español, publicado en 2018, en el que se señaló que, entre 1952 y 2016, se construyeron en todo el Estado más de 6,8 millones de viviendas con algún tipo de protección, lo que significa el 33 % de las viviendas. Sin embargo, el parque de vivienda pública de alquiler social cuenta actualmente con 276.000 unidades, el 1,5 %, y, por otra, la vivienda protegida destinada a la venta acaba sometida a la lógica de la vivienda libre, con precios excesivos para la capacidad adquisitiva de gran parte de la ciudadanía.