Asamblea por La Orotava lamenta que el Ayuntamiento prorrogue el contrato con Interjardín a pesar de los informes negativos emitidos por el personal municipal
La empresa que lleva a cabo las labores de mantenimiento de jardines y zonas verdes del municipio de La Orotava prorroga su contrato con el Ayuntamiento por un año más
Asamblea por La Orotava lamenta que el Ayuntamiento prorrogue el contrato con Interjardín a pesar de los informes negativos emitidos por el personal municipal. La empresa que lleva a cabo las labores de mantenimiento de jardines y zonas verdes del municipio de La Orotava prorroga su contrato con el Ayuntamiento por un año más.
El contrato inicial, de una duración de 4 años, contemplaba una posible prórroga de hasta dos años, pero a juicio de Asamblea por La Orotava, formación municipalista que cuenta con dos ediles en el consistorio oratevense, «la gestión que ha hecho esta empresa de nuestras zonas verdes ha sido nefasta y ha supuesto un sobrecoste para los bolsillos de todas las vecinas y vecinos». Aseguran también que la empresa surte de plantas ornamentales al municipio, para lo que poseen sus propios viveros: «Cada dos o tres meses se sustituyen todas las plantas de todos los jardines de La Orotava. El coste de esta práctica para las arcas municipales es enorme y es un negocio redondo para Interjardín, que “obliga” cada pocos meses a que el Ayuntamiento compre nuevas plantas para los jardines». En su comunicado la Asamblea propone que se utilicen plantas autóctonas y endémicas que sean más resistentes y duraderas «y embellecen tanto o más que las flores de temporada. El mismo día 7 de enero ya se estaban retirando las flores de pascua, aún en perfecto estado, y sustituyendolas por nuevas plantas. Esto nos parece un despilfarro de dinero innecesario», lamentan. Recuerdan que «en 2017 presentamos una moción para la creación de un vivero municipal de plantas canarias. La propuesta fue rechazada por CC-PNC, pero la incluyeron como propuesta en su programa electoral para las elecciones municipales de 2019».
En cuanto a los informes negativos aseguran que el propio grupo de gobierno de CC-PNC encargó a personal municipal evaluar la calidad del servicio de la empresa Interjardín: «tras conocerse la valoración negativa del servicio intentaron desplazar de sus funciones a la persona que había emitido el informe negativo sobre Interjardín. ¿Qué intereses y tratos tienen nuestros representantes municipales con las personas propietarias de Interjardín?, ¿por qué han dejado vencer el contrato sin buscar otra empresa para la gestión de las zonas verdes o que sea el propio Ayuntamiento el que encargue de su gestión?».
A su juicio, «es la forma de actuar de este grupo de gobierno durante décadas: dicen “olvidar” que el contrato con sus empresas concesionarias amigas estaba a punto de finalizar y que se ven en la “obligación” de prorrogar el contrato. Además, la fiscalización del Ayuntamiento sobre la empresa Interjardín es nula: ha habido un incumplimiento sistemático y continuado durante 4 años del pliego de condiciones que la empresa se comprometió a cumplir».
«Desde Asamblea por La Orotava siempre hemos defendido —en la medida de todo lo posible— que sea el propio Ayuntamiento quien gestione los servicios públicos municipales», y añaden: «creemos que ni siquiera son conscientes de que por ley, después de 4 años, un ayuntamiento puede proponer la compra de los vehículos y el material de las empresas concesionarias que gestionan los servicios municipales y encargarse de la gestión de forma pública. Consideramos que supondría un ahorro, ofrecería mayor transparencia, las decisiones no estarían basadas únicamente en criterios de coste y beneficios y se terminaría con el amiguismo y clientelismo que ha caracterizado durante décadas a esta corporación municipal. También conllevaría más trabajo y eso no le gusta mucho a este grupo de gobierno».
En 2019, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 4 de La Orotava dictó un auto que da pie a celebrar un juicio contra el alcalde, Francisco Linares, y otros siete dirigentes de Coalición Canaria en la villa norteña por la concesión irregular de una prórroga de contrato con la empresa de grúas que operaba en el municipio.