Juan Miguel Mena, concejal de Sí se puede en La Laguna, ha vuelto a referirse a la construcción de la nueva plaza de La Catedral tras la polémica que está generado, asegurando que esta reforma responde a un “simple interés político y a la falta de diálogo con los vecinos”.
El edil cree que en la polémica generada con el traslado de los patos de La Catedral esconde unas decisiones políticas e intereses que desde Sí se puede quieren aclarar. “La gestión del patrimonio en La Laguna sigue siendo un espacio reservado para la empresa que gestiona el PEP y los responsables políticos locales, que no han tenido en cuenta a los colectivos de vecinos y técnicos que también quieren opinar sobre qué iniciativas hay que hacer”, indica.
En Sí se puede han defendido que esta obra era innecesaria, por ello en el pleno del 14 de febrero de 2013 cuando se acordó una modificación presupuestaria de 942.426 euros, en la que junto a otros gastos se incluían 453.059,86 euros para las obras de la plaza de La Catedral, se abstuvieron.
“La gestión del patrimonio se ha hecho en base a criterios poco claros, con unas reformas que han modificado de forma radical las características de estos entornos urbanos, sin tener en cuenta los valores patrimoniales e históricos”, asegura el concejal.
El importe total de la reforma, calculado en más de 1,2 millones de euros, según la adjudicación realizada el pasado 20 de septiembre a la empresa Syocsa-Inarsa S.A. se redujo finalmente a 866.373 euros, conteniendo cambios drásticos que estaban previstos en el proyecto, como un nuevo estanque para los patos y un cambio de los bancos, que al parecer han desaparecido en la nueva obra.
“Este proyecto y las modificaciones que ha sufrido no ha sido debatidas con nadie, ni tan siquiera en el salón de plenos, son una imposición que parece que como único fin tiene la inauguración de la nueva plaza antes de las elecciones”, explica Mena. En Sí se puede entienden que los valores patrimoniales no solo se encuentran en los edificios, sino que también están en el conjunto urbano que se genera por la acción humana, incluidos los espacios públicos, que también son un valor reconocido en la declaración de la ciudad como Patrimonio de la Humanidad. “El afán de homogeneizar toda la trama urbana, alterando los conjuntos para modernizarlos, creemos que empobrece el patrimonio colectivo y representa un gasto difícil de asumir en el momento actual”, indica.
Mena asegura defender la recuperación de este entorno para hacerlo más accesible, pero manteniendo sus valores diferenciados, “sin necesidad de cambiar radicalmente todo el conjunto y evitando un gasto cercano a los 900.000 euros, más los 92.000 euros que supondrán la obra del nuevo estanque en La Constitución”. A este respecto el edil cree que en el caso del estanque “vamos a pagarlo dos veces, ya que estaba previsto en el presupuesto inicial de reforma”.
En Sí se puede anuncian que van a solicitar todos los expedientes que constan en la Gerencia de Urbanismo sobre esta reforma. La formación ecosocialista también destaca que uno de los socios de la empresa adjudicataria de la obra, Syocsa-Inarsa S.A., sea el exdiputado de Coalición Canaria Fernando Ríos Rull, nombrado Comisionado para el Desarrollo del Autogobierno y las Reformas Institucionales por el Gobierno canario actual, un hecho que aunque a priori sea legal consideran que al menos debe ser explicado a la ciudadanía.
“Si no existe una demanda ciudadana con esta obra, la Asociación de Vecinos del Casco tampoco la entiende y destacados técnicos en patrimonio no la comparten, no entendemos el empeño del gobierno local en realizar este gasto”, finaliza.