Sí se puede celebra la victoria de la oposición del Ayuntamiento de Tacoronte, al evitar este miércoles la privatización de la escuela infantil pública municipal. La organización ecosocialista se mantendrá vigilante para verificar que la reapertura de La bombillita feliz se efectúa de forma inmediata, por tratarse de “un servicio esencial en el que no puede hacerse esperar más a la ciudadanía”, apuntó la concejala de Sí se puede en el municipio Violeta Moreno.
La sesión plenaria concluyó con un acuerdo planteado por Sí se puede, Partido Popular, Nueva Canarias y Por Tacoronte que, se unieron a través de una enmienda a la iniciativa del alcalde para proponer la reapertura de La bombillita feliz, “de forma directa, con el mismo modelo anterior al cierre”.
La escuela infantil pública había sido cerrada “de forma injusta e intencionada para privatizarla posteriormente”, apuntó Moreno, lo que habría significado un encarecimiento del servicio que lo haría inaccesible a parte de la ciudadanía, con la consiguiente pérdida de derechos.
A juicio de la portavoz ecosocialista en Tacoronte, el alcalde Álvaro Dávila ha demostrado con su intervención en la sesión plenaria de este miércoles “una ceguera empecinada y una manifiesta intención de gobernar el municipio en contra de los intereses de la ciudadanía”.
Además, la pretensión de Dávila de ratificar en el pleno el cierre de la escuela infantil pública lo llevó a “eludir la sentencia judicial favorable al mantenimiento de este servicio público y a desconocer la oposición del pleno de la corporación, expresada en distintas ocasiones”, apuntó la concejala.
Sí se puede defendió ayer la reapertura de la escuela porque “se trata de un servicio esencial para garantizar la conciliación laboral y familiar, algo que a su vez es fundamental para promover la igualdad de género”, indicó Moreno. Además de ser “un recurso educativo de interés público esencial”.
La concejala recuerda que la iniciativa del alcalde tacorontero de privatizar este servicio pretendía además esconder “la pésima gestión de este servicio público por parte del actual gobierno; entre otros errores, el ayuntamiento figura como deudor ante la Seguridad Social, lo que le impide acceder a subvenciones, aparte de verse obligado a pagar los intereses de demora”.